Las reacciones ante la anulación de Senado al veto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre la ley que permitía a las víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001 demandar a Arabia Saudita en tribunales nacionales por sus supuestos vínculos en los ataques que sufrió World Luego, no se han hecho esperar por parte del propio mandatario estadounidense y de Arabia Saudita.
Obama calificó de «error» el rechazo al veto de la llamada “Ley de Justicia contra Patrocinadores del Terrorismo (JASTA, por su sigla en inglés)” porque cree que esta ley sentará «un precedente peligroso» para que individuos en todo el mundo puedan demandar al Gobierno de EEUU.
«La preocupación de Obama es que si los ciudadanos estadounidenses consiguen llevar a Arabia Saudita ante la justicia, podrían surgir demandas contra ciudadanos estadounidenses a modo de represalia«, por las políticas geoestratégicas, muchas de ellas injerencistas, que el país ha llevado a cabo en todo el mundo.
De acuerdo con el mandatario, la legislación puede tener implicaciones devastadoras para el Pentágono, funcionarios gubernamentales, diplomáticos y los servicios de inteligencia.
Según algunos abogados, las objeciones de Obama a la legislación tienen un fundamento basado en el derecho internacional.
Por su parte, gobierno de Arabia Saudita mostró su preocupación por la aprobación de una ley en EEUU que permite a familiares de las víctimas de los ataques del 11S a las Torres Gemelas demandar al Estado saudita por su presunta participación en los hechos.
Un vocero de la cancillería saudita pidió al Congreso adoptar medidas adecuadas para evitar «consecuencias graves y peligrosas que afecten las relaciones entre los dos países» y advirtió que la aprobación de dicha ley podría tener «desastrosas consecuencias». “La erosión de la inmunidad soberana tendrá un efecto negativo en todas las naciones, incluyendo los Estados Unidos”, advirtió.
Indicó, además, que otras naciones también han rechazado la normativa «antisaudita».
El Gobierno saudita había amenazado con vender 750.000 millones en activos y bonos que posee en Estados Unidos, si el Congreso norteamericano aprobaba este proyecto de ley.
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