En una muestra concreta de las contradicciones en que ha caído la política de inmigración de la Presidencia de Barack Obama, a dos semanas de haberse iniciado redadas para deportar a miles de familias que estaban procesando su asilo, la Corte Suprema ha aceptado hoy escuchar el alegato del propio gobierno para salvar de la deportación a más de 5 millones de indocumentados…
La complejidad de la situación es sintomática de los problemas de la legalidad del sistema inmigratorio de Estados Unidos. El caso ante la Corte Suprema es el que interpuso el gobierno de Texas (a manos del Partido Republicano) junto a 26 otros estados bajo el control de la derecha, para rechazar los decretos firmados por Obama, uno de los cuales otorga beneficios de residencia a los padres indocumentados de niños que nacieron en Estados Unidos. Estos infantes son, por tanto, ciudadanos, y esa calidad ayuda a mantener a sus padres en el país de forma de no romper los núcleos familiares.
Son dos las acciones atacadas por Texas y el resto de las gobernaciones: la Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents (DAPA, en sus siglas en inglés, o acción de aplazamiento para los padres de estadounidenses y residentes permanentes legales), y la expansión de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA en sus sigla en inglés). Esta última da una orden de aplazamiento de deportación para quienes ingresaron al país siendo niños, de menos de 16 años, para recibir protección legal que les permita trabajar y no ser deportados por 2 años. Posteriormente, Obama expandió el alcance de este programa. Unas 2 millones de personas podrían beneficiarse del DACA.
Texas y los 26 estados republicanos rechazan la legalidad de DAPA y DACA por considerar que Obama extralimita sus atribuciones ejecutivas. El Latino Victory Fund, a través de su presidente Cristóbal Alex, señaló en un comunicado de prensa que “la victoria de hoy es un hito en nuestra lucha por los derechos de millones de familias que finalmente obtendrán su cita en corte”. Agregó que “elogiamos a la Corte Suprema por tomar este caso y la llamamos a hacer lo correcto. Beneficiará nuestra economía y traerá paz y estabilidad a los hogares de millones de familias trabajadoras”.
La Corte Suprema escuchará los alegatos en abril, con la posibilidad de dar un resultado en junio. Los nueve magistrados revisarán la decisión de noviembre de 2015 de la Quinta Corte de Apelaciones localizada en New Orleans que ratificó a su vez el fallo de un juez local de Texas, que bloqueó los decretos de Obama.
La presidenta del importante sindicato SEIU Mary Kay Henry señaló que “en un tiempo crucial cuando los extremistas de derecha están intentando manipular las reglas para impulsar sus propios objetivos promoviendo demandas legales motivadas políticamente ante la Corte Suprema, para debilitar y limitar los derechos de mujeres, trabajadores, votantes e inmigrantes, el Tribunal tiene una oportunidad para estar en el lado correcto de la historia”.
En contexto…
En una elección presidencial polarizada como la actual en Estados Unidos, el tema de la inmigración se irá convirtiendo en un tema de alta confrontación, frente a la incapacidad de todos los sectores para crear una reforma migratoria integral. El tema está siendo utilizado de forma electoral por ambos sectores. Por un lado, el Partido Republicano bloquea todas las iniciativas relacionadas con los indocumentados del país para encantar a su electorado de primarias más conservador. Por otro, el Partido Demócrata vive una situación de esquizofrenia política, teniendo que mostrarse a favor de políticas de apoyo a los inmigrantes en la lucha de las primarias, mientras que el gobierno de Barack Obama lleva adelante una política mezclada de deportaciones de ciertos grupos y apoyo legal a otros.
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