El precio de decir la verdad: los asesinatos a periodistas y líderes sociales que incomodaron al poder

Los últimos asesinatos y desapariciones de periodistas, activistas y líderes sociales campesinos e indígenas parecen  provenir de un guión cinematográfico, pero tristemente, son muy reales. Las cifras revelan que aumenta el número de muertos entre aquellos que se enfrentan a los grupos de poder al denunciar hechos de corrupción, crímenes, delincuencia organizada y violaciones a los derechos humanos.

La impunidad, la falta de esclarecimiento y en muchos casos la censura de los medios de comunicación contribuyen a que las agresiones sean posibles, tanto en países en conflicto como en aquellos que ostentan una “estabilidad política”.

El mensaje es más que claro: si el periodista o líder social se encarga de visibilizar un tema que resulta incómodo para un sector político, económico o grupo criminal, será sometido a amenazas, hostigamiento, agresiones psicológicas y físicas, e incluso podría perder su vida.

La saña y violencia extrema que caracterizan a los asesinatos, se asemejan a las prácticas ejecutadas por la mafia italiana, que durante el siglo XX se encargó de desaparecer, torturar, acribillar, ahorcar, descuartizar e incluso disolver en ácido a sus víctimas, con el fin de crear un estado generalizado de miedo en la población, para seguir perpetrando crímenes sin  obstáculos ni oposición.

Periodistas asesinados en 2017 y 2018

De acuerdo con las cifras de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) al menos 81 periodistas fueron asesinados durante 2017.

En el informe anual «Kill Report» (Reporte de asesinatos), la organización de trabajadores de medios de comunicación más grande del mundo, reveló que el mayor número de asesinatos a periodistas se registraron en México (12), Afganistán (11), Irak (11), Siria (10), India (6), Filipinas (4), Pakistán (4), Nigeria (3), Somalia (3) y Honduras (3).

La FIP advirtió que «un número sin precedentes de periodistas fueron encarcelados u obligados a huir (…) la impunidad por los asesinatos, hostigamientos, ataques y amenazas contra el periodismo independiente se han extendido a niveles epidémicos«.

El secretario general de la federación Anthony Bellanger, condenó que en países como  Siria, México e India los asesinatos de periodistas “presentan niveles aterradores, la impunidad de estos crímenes supera el 90%, la autocensura campa a sus anchas  y nunca se han registrado tantos periodistas encarcelados como en los últimos años».

La FIP también denunció los asesinatos de periodistas en los países occidentales, responden al interés de grupos empresariales de ocultar sus prácticas delictivas.

«Con sus  hechos violentos  han demostrado que están dispuestos a todo con tal de proteger sus empresas criminales del escrutinio de los medios», señala el texto citado por La Sexta.

Esta epidemia de asesinatos a periodistas se incrementa cada día. Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió que el primer semestre de 2018 ha sido «negro» para la prensa, con 47 periodistas o colaboradores asesinados.

Durante los seis primeros meses de año, México (5) y Yemen (5) se sitúan igualmente entre los países más peligrosos para los informadores, según el barómetro de violaciones a la libertad de prensa  realizado por el grupo.

Para Reporteros Sin Fronteras estos países son «verdaderos agujeros negros de la información«.

El precio de contar la verdad

Contar la verdad es cada vez más peligroso para los que ejercen el periodismo. Cada día el mundo se conmociona y horroriza con los hechos violentos perpetrados contra los reporteros.

El pasado sábado fue encontrado en la ciudad búlgara de Ruse, el cuerpo sin vida de la periodista Victoria Marinova, con marcas de golpes en la cabeza y de estrangulamiento

Los resultados de la investigación forense arrojaron que la reportera fue violada y luego asesinada.

Marinova era la presentadora del programa “Detector” en la cadena local TVN. En su último episodio, emitido el 30 de septiembre, los invitados fueron dos periodistas: Dimitar Stoyanov y Attila Biro, quienes revelaron posibles prácticas de corrupción en las que se utilizaban fondos europeos.

En septiembre pasado, Stoyanov y Biro habían sido arrestados por la policía búlgara mientras investigaban la destrucción de documentos que supuestamente revelaban prácticas de corrupción por parte de una empresa privada de construcción de carreteras, sospechosa de realizar estafas con fondos europeos.

Asen Yordanov, el propietario del portal Bivol.bg, en el que por primera vez fueron publicados los documentos,  señaló  que ambos reporteros recibieron amenazas por su trabajo y manifestó  que el caso de Marinova es una “advertencia” a todos los periodistas.

“La muerte de Victoria, la manera brutal en la que fue asesinada, fue una ejecución que debía servir como un mensaje, a modo de advertencia”, indicó.

Bulgaria es considerado por la organización Reporteros sin Fronteras como el peor país de la Unión Europea en lo que a libertad de prensa se refiere.

¿Desaparición o asesinato?

A la par de la muerte de Marinova en Bulgaria, el mundo está atento al caso del periodista saudí, Jamal Khashoggi, quien desapareció el pasado 2 de octubre tras ingresar al consulado de su país en Estambul, Turquía.

Aunque las autoridades saudíes dicen que él abandonó el edificio,  ni su novia, que le esperaba fuera, lo vio, ni las cámaras de seguridad del consulado registraron su salida del consulado.

Khashoggi  es un crítico del rey Salman y su hijo, el Príncipe de la Corona Mohammed bin Salman y el año pasado decidió mudarse a  la ciudad de Washington,en Estados Unidos, por miedo a ser arrestado.

Ante esta situación, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó al Consulado de Arabia Saudita en  Estambul que demuestre que el disidente saudita y columnista del Washington Post, salió realmente del edificio.

El Ministerio de Exteriores de Turquía informó este martes que Riad permitirá que se vulnere la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, garantizada por la Convención de Viena, para que los investigadores turcos puedan inspeccionar el interior de su consulado en Estambul.

Según revelaron fuentes de la investigación a la agencia Reuters, Khashoggi  está muerto,  y su asesinato fue premeditado y su cuerpo fue posteriormente extraído del consulado».

Verdad y muerte

Otra muerte que conmocionó a la opinión pública , fue el caso de Daphne Caruana Galizia, una periodista de investigación de Malta que expuso los vínculos de su país con paraísos fiscales a través de las filtraciones de los llamados “Panama Papers” , y que fue asesinada en octubre de 2017  cuando una bomba explotó en su automóvil.

La revista estadounidense POLITICO  había nombró a Caruana como una de las 28 personas europeas que estaban “dando forma y cimbrando” a Europa.

La periodista dio a conocer que tanto la esposa del presidente de Malta, Joseph Muscat, como el ministro de energía y el jefe de gabinete del gobierno tenían compañías en Panamá, al analizar los documentos filtrados en 2016.

El desarrollo de esta investigación  provocó que Muscat convocara  a unas elecciones anticipadas para reforzar su gobierno.

Caruana había sido  demandada por difamación debido a varios artículos que escribió en su blog “Running Commentary”, en incluso sufrió amenazas  por revelar hechos de corrupción política y  casos relacionados con clanes mafiosos italianos en suelo maltés,  guerrilleros libios  y redes de trata humana en el Mediterráneo.

En su momento, el líder de la oposición Adrian Delia calificó la muerte de Caruana como “un asesinato político”, mientras que su hijo, y también periodista, Matthew Caruana Galizia, calificó a Malta de «Estado mafioso» en el que «el gobierno ha permitido que florezca una cultura de impunidad».

Asesinato por encargo

El  pasado 25 de febrero de 2018 el periodista eslovaco de 27 años Jan Kuciak y su novia, Martina Kusnirova,  aparecieron muertos de un disparo, en lo que la policía dijo que tenía el sello de un asesinato por encargo.

En su último artículo, publicado de forma póstuma, Kuciak reveló los lazos entre la ‘Ndrangheta —la conocida mafia italiana de Calabria— y altos funcionarios eslovacos, algunos de ellos próximos al primer ministro, Robert Fico.

Según la investigación, que el periodista no pudo terminar, la trama de corrupción involucraba a  la asistente personal de Fico, María Troskova, y del secretario del Consejo de Seguridad del Estado, Viliam Jasan, quienes se vieron obligados a dimitir.

Kuciak documentó que las actividades de la mafia en Eslovaquia se centraban en el fraude fiscal mediante facturas falsas y estafas con fondos de la Unión Europea (UE), así como casos de tenencia ilícita de armas y amenazas de muerte a empresarios.

Líderes sociales en la mira

Además de los periodistas, un sector que constantemente es víctima de la violencia es el de los líderes sociales que luchan por la defensa  de  los derechos humanos  y por  aquellas poblaciones propensas a las agresiones de sectores de poder.

En América Latina, esta situación se evidencia en Colombia, país en el que entre enero de 2016 y el transcurso de 2018 se han registrado más de 350 asesinatos de líderes sociales, de acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo.

La violencia sigue en alza, y  al menos 100 líderes sociales han sido asesinados en los primeros ocho meses del año, lo que convierte a este período en el más violento desde 2010.

De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los casos se han registrado principalmente en 8 de los 32 departamentos del país, que han concentrado el 77,5% de los asesinatos.

La fundación alerta que los líderes son ahora más vulnerables ante la violencia, debido a que “tienen una mayor visibilidad por los nuevos espacios de participación que impulsa el Acuerdo de Paz. Se han visibilizado liderazgos y agendas políticas locales que afectan intereses de actores legales e ilegales y hay tensiones intracomunitarias alrededor de la representatividad de las comunidades y sus agendas”.

Las agresiones a líderes sociales también están determinadas por el tipo de labor que ejercen, ya que el 52% de los que perdieron la vida en los ocho primeros meses de este año eran comunitarios, seguidos de indígenas y campesinos.

El informe plantea que en el 58% de los casos no se ha podido establecer el culpable, mientras que en el 35% la responsabilidad recae sobre las facciones criminales y los grupos armados ilegales.

La fundación informó que durante el segundo mandato del expresidente Juan Manuel Santos (2014-2018)se evidenció un aumento de 11% en el número de homicidios de líderes sociales.

Por su parte, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo informó de 22 líderes sociales han sido asesinados desde que Iván Duque, asumiera la presidencia de Colombia hace dos meses.

La presidenta del colectivo, Zoraya Gutiérrez, señaló que los asesinatos están vinculados a reclamos de tierras y defensa de los derechos de los campesinos y comunidades indígenas.

Recordó que la sustitución de cultivos ilícitos ha mantenido activo el conflicto entre los pobladores y los grupos armados que han venido perpetrando estos delitos por lo que responsabilizó al presidente Duque, por no haber dado una respuesta concreta a esta problemática social, ni ha presentado un plan de garantía en miras a la protección de los líderes sociales, defensores de derechos humanos o miembros del gremio campesino y étnico que hacen vida en Colombia.

¿Suicidio o asesinato?

En Chile, la  muerte de los  líderes sociales ha sido catalogada de  supuestos actos de “suicidio”.

Este es el caso Alejandro Castro, presidente del Sindicato de Pescadores S24 de Quintero, quien esta semana fue hallado ahorcado en una reja perimetral de la línea férrea en Valparaíso, a la altura de la Avenida Errázuriz con Carrera.

La Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso, indicó que  causa de muerte establecida fue asfixia por ahorcamiento y descartó la participación de terceras personas.

Castro era uno de los líderes sociales dentro de la comunidad organizada de Quintero en contra de la contaminación industrial que afecta a esa comuna y a las de Puchuncaví y Ventanas. Un escenario que en el último mes ha alcanzado relevancia nacional tras reiterados episodios de intoxicación de la población.

El dirigente social había participado recientemente en una concentración en Valparaíso, en donde manifestó su rechazo a “la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio”, y además realizó un llamado “a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía”.

Ante la hipótesis de suicidio ha trascendido que “el dirigente habría recibido amenazas anónimas, al parecer en el contexto de las movilizaciones ambientalistas”.

Justicia para Macarena Valdés

La muerte de Castro recuerda la de la activista ambientalista Macarena Valdés, quien fue encontrada colgada en una de las vigas de su casa en agosto de 2016.

Si bien el Servicio Médico Legal estableció en un primer momento que la dirigenta se había quitado la vida, un posterior peritaje encargado al médico forense Luis Ravanal desestimó dicha tesis, al comprobar que su cuerpo no presentaba evidencias de haber sido colgado con vida.

Con este resultado, la familia confirmó su hipótesis de que Macarena fue asesinada por ser la guía de la resistencia contra la hidroeléctrica Mini Central de Paso Tranguil de la empresa RP Global, y que su muerte tuvo como objetivo asustar a quienes quisieran oponerse al proyecto.

La “bala perdida” que mató a Juan Pablo Jiménez

Un caso lleno de dudas es el del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez , cuyo cuerpo fue hallado hace cinco años por sus  compañeros de trabajo en la empresa eléctrica subcontratista de Chilectra, Azeta,   presentando un disparo en la cabeza.

En aquel entonces, Jiménez se desempeñaba como presidente de la Federación de Trabajadores Subcontratistas de Chilectra y oficiaba de comunicador social en la radio comunitaria Enrique Torres, donde daba cuenta de la realidad del mundo del trabajo y sindical y se oponía a las prácticas de subcontrato, que tanto afectan las condiciones y calidad de vida de los trabajadores.

En estos cinco años, el Ministerio Público y la policía se han aferrado a la tesis de que una “bala loca” proveniente de la población La Legua, y que habría recorrido 1.036 metros hasta la cabeza de Jiménez, provocó la muerte del dirigente sindical.

Esta línea de investigación determinó que un menor de edad fuese detenido, enjuiciado y remitido, finalmente, a un centro del Sename a purgar sus supuestas culpas.

Sin embargo, tanto la familia de Juan Pablo Jiménez como el equipo técnico que la acompaña, han llevado a cabo un trabajo constante para evitar que el caso sea olvidado y presentar las pruebas suficientes para poder reabrir la investigación y demostrar que, tal  y como se ha dicho desde febrero de 2013, que el dirigente fue asesinado.

El objetivo es que su muerte quede esclarecida y no suceda lo mismo del caso de la dirigente indígena pehuenche, Nicolasa Quintreman Calpán, cuya muerte en diciembre de 2013 fue más que sospechosa y sigue sin respuestas para muchos.

El cuerpo sin vida de  quien fuera el símbolo de la resistencia pehuenche contra la construcción de la central Ralco, fue hallado flotando en el lago artificial que llega a la represa de Endesa.

La investigación oficial determinó que la muerte de Quintreman se trató de un accidente debido a que a sus 74 años de edad la dirigente indígena tenía problemas de visión y “cayó imprevistamente” al lago.

Epidemia de violencia en México

El diario británico The Economist  señala que la creciente violencia ejercida contra los reporteros que cubren abusos policiacos, tráfico de drogas y corrupción gubernamental convierte a la prensa en México en un oficio “ampliamente no libre”.

Las estadísticas  son alarmantes: 8 de cada 10 reporteros reporteros mexicanos reconocen haber sido amenazados de muerte, acosados o padeció ataques físicos y verbales tanto por las autoridades como por el narcotráfico.

Con la muerte del periodista Sergio Martínez González, quien fue baleado este miércoles en el estado de Chiapas, suman 13 el número de reporteros asesinados en lo que va de 2018.

Una cifra que supera a los 12 registrados en 2017, y que ubica en 40  la cantidad de periodistas asesinados durante el sexenio del presidente saliente, Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, los reporteros no son las únicas víctimas de la violencia desatada en México, ya que durante el proceso electoral de este año, los asesinatos de candidatos  y políticos mexicanos tomaron  las primeras planas de los periódicos en el mundo.

Antes de realizarse los comicios de pasado 1º de julio, se contabilizaron 132 políticos asesinados y 351 muertes durante el proceso de campaña de las elecciones catalogadas como “las más violentas en la historia mexicana”.

Para Oswaldo Zavala, autor del libro Los cárteles no existen, el hecho de “pensar automáticamente que el narcotráfico o el crimen organizado son los responsables de la violencia en materia electoral, es parte de una explicación que nos han repetido para justificar la mayoría de los crímenes que pasan en el país”.

Para el periodista, la violencia de este proceso electoral es consecuencia del neoliberalismo en México, “donde la presencia del Estado se ha ido reduciendo y éste ha desatendido la gobernabilidad de un país donde la política, abandonada a su suerte, parece expresarse a balazos”.

https://www.elciudadano.cl/genero/ong-ofrece-impactantes-cifras-de-violencia-de-genero-a-escala-mundial/10/09/

https://www.elciudadano.cl/pueblos/la-violencia-contra-los-pueblos-indigenas-se-incrementa-a-nivel-mundial/10/01/