El Parlamento de Hungría aprobó este lunes una polémica enmienda constitucional que permitirá al gobierno prohibir actos públicos organizados por comunidades LGBTQ+, lo que ha desatado duras críticas por parte de la oposición, juristas y organizaciones civiles, quienes acusan al primer ministro Viktor Orbán de acelerar el desmantelamiento del Estado de derecho.
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La enmienda, impulsada por el partido gobernante Fidesz-KDNP y respaldada con 140 votos a favor frente a 21 en contra, blinda constitucionalmente una ley aprobada en marzo que ya prohíbe eventos como la marcha del Orgullo en Budapest, considerada una de las más multitudinarias de Europa Central. Además, autoriza el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar y sancionar a los asistentes a actos prohibidos, con multas de hasta 200.000 forintos húngaros (aproximadamente 546 dólares).
La nueva legislación también redefine los derechos de los menores, estableciendo que su desarrollo “moral, físico y espiritual” prevalece sobre otros derechos, como el de reunión pacífica. Para los críticos, se trata de una excusa legal para restringir las libertades fundamentales y acallar a la disidencia bajo el pretexto de la “protección infantil”.
“Todo este esfuerzo no tiene nada que ver con los derechos de los niños. Es pura propaganda”, declaró Dánel Döbrentey, abogado de la Unión de Libertades Civiles de Hungría, que considera las medidas como un ataque directo a las personas LGBTQ+, en particular a las personas transgénero e intersexuales, quienes también se ven afectadas por otra disposición que reconoce únicamente los sexos masculino y femenino en la Constitución.
La sesión parlamentaria se vio marcada por intentos de protesta por parte de la oposición, incluyendo bloqueos simbólicos en los accesos al recinto legislativo y el uso de bocinas de aire durante la votación. Legisladores del partido opositor Momentum advirtieron que esta enmienda es parte de un patrón autoritario del gobierno de Orbán, cuyo partido ha perdido popularidad ante el surgimiento de nuevos líderes opositores de cara a las elecciones de 2026.
Otro elemento controvertido de la enmienda es la posibilidad de suspender por hasta diez años la ciudadanía húngara a personas con doble nacionalidad extracomunitaria que sean consideradas una amenaza para la seguridad nacional, lo que ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos por su potencial uso arbitrario.
Analistas advierten que estas medidas se enmarcan en una estrategia del gobierno para reforzar su base conservadora y silenciar las voces críticas. “Estamos viendo una vigilancia masiva que busca disuadir el activismo político. El efecto intimidatorio es real”, advirtió Ádám Remport, abogado especializado en derechos civiles.
Esta es la decimoquinta modificación a la Constitución desde que el partido de Orbán la aprobó unilateralmente en 2011, consolidando un sistema legal que, según expertos, le permite maniobrar sin contrapesos significativos. En un contexto regional e internacional donde crecen las tensiones por el retroceso democrático, la nueva enmienda representa, para muchos, un preocupante paso más hacia el autoritarismo en el corazón de Europa.
Foto: X
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