La impunidad y la violencia paramilitar siguen cobrando vidas en Colombia. La noche del 2 de abril, el exconcejal Hemerson Reinel Pérez, reconocido defensor comunitario y miembro del partido Mais, fue asesinado con cinco disparos frente a su domicilio en Barrancabermeja, Santander.
Este nuevo crimen eleva a 46 la cifra de líderes sociales asesinados en lo que va del 2025, según reportes de organizaciones comunitarias. Pérez tenía 45 años y al momento del ataque se encontraba acompañado de su madre, quien también resultó herida.
Desde 2020, Pérez había sido víctima de constantes amenazas por parte de grupos armados, primero por las Águilas Negras y más recientemente por el Clan del Golfo. Estas intimidaciones se materializaron en panfletos, un método ya tristemente conocido en Colombia para anunciar asesinatos selectivos.
Su nombre figuraba en listados de disidencias armadas, lo cual refuerza la teoría de que fue blanco directo de la violencia estructural que persiste en el país, particularmente en la región del Magdalena Medio.
Las autoridades, incluyendo la Fiscalía y la Policía Nacional, han iniciado investigaciones en coordinación con autoridades locales de Puerto Wilches. Sin embargo, la comunidad ha denunciado una respuesta tardía e insuficiente por parte del Estado.
El alcalde de Puerto Wilches convocó a un Consejo de Seguridad después del crimen, acción que organizaciones sociales califican de reactiva y simbólica ante una ola de violencia que viene en aumento.
Frente a esta nueva tragedia, colectivos y movimientos sociales en la región exigen acciones concretas y no solo declaraciones oficiales. La situación de los líderes sociales sigue siendo crítica, en medio de un contexto donde el paramilitarismo actúa con total impunidad y las garantías de seguridad brillan por su ausencia.
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«No basta con investigar crímenes cuando ya están muertos. Queremos garantías para seguir defendiendo la vida y el territorio», reclaman líderes comunitarios del Magdalena Medio.
Fotografía: Redes
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