Este lunes inició en Palma de Mallorca (España) el juicio contra la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, y su esposo, Iñaki Urdangarin, por corrupción.
Cristina de Borbón es acusada de cooperar en delitos fiscales con su marido, en el denominado Caso Nóos, en el que se investiga el presunto desvío de 6,6 millones de dólares de fondos públicos.
El sindicato Manos Limipas, que actúa de acusación popular, pide que la infanta sea condenada a ocho años de prisión, pero los abogados reclamarán que sea exculpada en aplicación de la llamada doctrina Botín, que establece que no es suficiente la acusación popular para abrir un juicio por delito fiscal y que se requiere también del impulso de la Fiscalía o la Abogacía del Estado para justificar el juicio.
Por otro lado, el fiscal no la acusa de delito sino de incurrir en responsabilidad civil a título lucrativo, y por eso lo que pide es que devuelva los 587.413 euros que presuntamente habría ingresado de forma irregular. En cambio, para su esposo, el fiscal pide 19 años y 6 meses por prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo; y para el exsocio de Urdangarín, Diego Torres, 16 años y 6 meses, entre otros inculpados.
Según Torres, el ex monarca del país, Juan Carlos I, estaba al corriente de los negocios de Nóos y durante la instrucción aportó cientos de correos electrónicos destinados a demostrarlo.
Al principio del proceso el juez instructor intentó demostrar que la infanta participaba de los negocios de su marido, pero el fiscal detuvo las acusaciones por considerar falta de indicios de delito, y sólo le permitió procesarla por fraude fiscal.
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