El Ministerio Fiscal sostiene que, con motivo de las elecciones locales y autonómicas que se iban a celebrar en España el 22 de mayo de 2011, y con la finalidad de entorpecer el proceso electoral, el colectivo Anonymous preparó dos ciberataques.
El 18 de mayo de 2011, bajo el nombre de operación Spanish Revolution, organizaron un ciberataque contra el entorno informático de la Junta Electoral Central (JEC), residente en el Congreso de los Diputados, contra la página web del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y contra la del Congreso. Este ataque afectó de forma importante al normal funcionamiento de los servicios de correo electrónico y a la página web de la JEC, obstaculizando los trámites previos al proceso electoral.
De esta forma, los buzones del secretario general y del director de la Secretaría Técnica de la Junta, así como el de la propia Junta, recibieron el día 19 un total de 130.841 mensajes y, el día 20, un total de 214.103, colapsando su funcionamiento.
Asimismo, la página web recibió un gran número de peticiones simultáneas sin esperar respuesta, que en algunos momentos alcanzaron la cifra de dos millones de paquetes de comunicación en menos de un minuto desde una misma dirección IP. Ello ocasionó su bloqueo, impidiendo su normal funcionamiento, al quedar inaccesible para los usuarios de forma intermitente durante dos días.
El coste estimado del trabajo para responder a los ataques contra el entorno informático de la JEC fue de 700 euros, correspondientes a dos jornadas de un consultor externo en seguridad, si bien fue el impacto negativo en el normal desarrollo del trabajo, al no poder utilizar las herramientas informáticas ni accederse a la página web de forma normal, lo que ocasionó mayores perjuicios.
La línea telefónica a la que se había asignado esta dirección IP correspondía a la del domicilio de uno de los acusados, en Gijón (España). En este domicilio, se encontraron los equipos que soportaban los servidores caseros creados por el acusado y utilizados para dar soporte a los ataques.
Penas
La vista oral se celebrará este miércoles, cuando la Fiscalía reiterará que los hechos son constitutivos de un delito de grupo criminal y de un delito continuado de daños. En uno de los acusados concurre la atenuante de confesión.
La mayor parte de la pena, más de cuatro años de cárcel para cada uno de los arrestados, la pide el ministerio público por daños, pese a que un peritaje del Centro de Nuevas Tecnologías del Congreso de los Diputados, donde esta residenciada la Junta Electoral Central, cifra en 700 euros los perjuicios ocasionados por el ataque. Según el dictamen incorporado a la causa, el equivalente a «dos jornadas de trabajo de un consultor experto en seguridad, si bien fue el impacto negativo en el normal desarrollo del trabajo, lo que ocasionó mayores perjuicios».
Un proceso plagado de irregularidades
Los escritos de defensa, a los que ha tenido acceso eldiario.es, piden la libre absolución de los acusados y denuncian a su vez que el proceso está plagado de irregularidades. En los siete tomos que resumen la instrucción figuran conversaciones de los acusados con sus abogados defensores y actuaciones dudosas de algunos policías que pudieron extralimitarse alentando los ataques cuando se infiltraron en los chats donde supuestamente se estaban preparando.
Las detenciones en 2011 y sobre todo la jerga utilizada por la policía en aquella operación despertaron la indignación de muchos colectivos de internautas que ridiculizaron en la Red la operación. Tras la anunciada desarticulación de la cúpula de Anonymous España en 2011, siguieron repitiéndose ataques cibernéticos a empresas e instituciones que se cobijan bajo la misma identidad.
Fuente: infolibre.es / eldiario.es
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