Impulsar el crecimiento, crear más y mejor empleo y repartir mejor la riqueza para reducir la desigualdad, sin disparar el déficit, son parte de los objetivos propuestos por el gobierno de coalición dirigido por el presidente español Pedro Sánchez.
Tras nueve meses de incertidumbre, Sánchez logró seguir como Presidente del gobierno, después de ser investido al conseguir una ajustada victoria el pasado martes en el Congreso de los Diputados, pero deberá gobernar en coalición, algo que no ocurre en la nación europea desde que estallara la Guerra Civil (1936-1939) y se formara la segunda República.
El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo 167 votos a favor y 165 en contra, la diferencia más corta desde que España volviera a celebrar elecciones democráticas tras la muerte del dictador Francisco Franco (1892-1975).
Sánchez compartirá el gobierno con Unidas Podemos, la agrupación de partidos de izquierdas liderada por Pablo Iglesias, quien ejercerá de vicepresidente segundo de Asuntos Sociales.
Unidas Podemos estará a cargo de cuatro ministerios que dependerán directamente de la vicepresidencia de Iglesias: Igualdad, Trabajo, Universidades y Consumo.
Apoyo de los partidos minoritarios
Para poder ser investido por mayoría simple, Sánchez debió obtener los votos de partidos minoritarios como Nueva Canarias, Compromís, Teruel Existe y el BNG; así como la abstención de dos formaciones del bloque nacionalista: la vasca EH Bildu y la catalana Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Por ello, su administración deberá cumplir los acuerdos alcanzados con estas agrupaciones políticas.
Por ejemplo, Teruel Existe pidió que el Gobierno paralice el cierre de las taquillas de venta de billetes de tren en 142 estaciones con poca afluencia de viajeros de toda España.
También solicitó algunas medidas para paliar la despoblación en la España interior, y otras específicas para la provincia de Teruel, entre las que figuran el desarrollo de varias autovías, el impulso del corredor Cantábrico-Mediterráneo en el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto, y la incorporación de banda ancha en todos los polígonos industriales de la región en dos años.
Los nacionalistas gallegos del BNG pactaron su voto gracias a un acuerdo que establece que se impulsarán “las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de los sentimientos nacionales de pertenencia”, y que señala que, teniendo en cuenta el estatus de Galicia, Euskadi y Cataluña como nacionalidades históricas, “cualquier modificación de la estructura del Estado asegurará a Galicia el mismo estatus que las otras dos”.
La formación nacionalista Nueva Canarias pactó con el PSOE que se desarrolle el Estatuto de Canarias aprobado en noviembre de 2018, el compromiso de mantener los programas presupuestarios pactados en 2017 y 2018 y que el Gobierno defienda en la Unión Europea (UE) las singularidades canarias.
Por su parte, Compromís pactó un nuevo sistema de financiación autonómica, el compromiso del Gobierno de asumir “de forma paulatina” la aportación del 50 % para la financiación del sistema de dependencia, una solución a la deuda del Consorcio Valencia 2007 mediante una disposición adicional en los Presupuestos, así como el cumplimiento con la cláusula de inversiones territorializadas del Estatuto de Autonomía valenciano.
El camino a partir de ahora no será fácil: el Ejecutivo se enfrenta a muchos retos en un momento de desaceleración económica, ralentización en la creación de empleos y con la concreción del Brexit en el horizonte.
Por si fuera poco, el PSOE no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, lo que complica la aprobación de las leyes, que dependerán de la negociación.
Primeras medidas
En su discurso de investidura, Sánchez anunció una serie de medidas, acordadas junto a la formación de Pablo Iglesias y plasmadas en el documento «Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España«, que esperan poner en marcha.
Se espera que esta serie de acciones se emprenda a corto plazo, ya que la pretensión del equipo del Presidente es que pronto los ciudadanos perciban que hay un nuevo Gobierno, después de más de ocho meses de bloqueo.
Incremento de pensiones y reforma del sistema
Una de las primeras medidas que llevará a cabo el Gobierno de coalición será la aprobación de un incremento en el monto de las pensiones públicas, tras decretar su congelación en el último Consejo de Ministros de 2019.
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, anunció que se actualizarán 0,9 %, con efectos retroactivos desdel 1 de enero de 2020.
Esta medida afectará a 8.897.902 pensionistas que reciben un total de 9.801.379 pensiones (jubilación, viudedad, incapacidad). Un pensionista cobra actualmente una media de 995,76 euros al mes. Una vez se apruebe el aumento pasará a ganar nueve euros más mensuales. En el caso de los jubilados, su pensión media se sitúa en los 1.143,55 euros, y subirá unos 10,3 euros.
Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos pretenden reformar el sistema para garantizar su viabilidad y para ello tienen previsto aprobar una ley que garantice que las pensiones suban cada año conforme al índice de precios al consumo (IPC), que mide el costo de vida.
Para los trabajadores autónomos, proponen crear un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que garantizará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación, evitará que quienes menos ingresan paguen una cuota excesiva y redundará en una mayor recaudación para el sistema.
Nuevo sueldo mínimo
El salario mínimo interprofesional (SMI) se incrementó a 900 euros al mes hace un año. Este aumento del 22 % —el más alto desde 1979— entró en vigor el 1 de enero de 2019 y benefició a unos 2,5 millones de trabajadores.
El compromiso del Gobierno de coalición es elevar este salario mínimo para acercarse al estándar que marca la Carta Social Europea, que establece que debe ser el 60 % del salario medio. Esto significa que deberá alcanzar los 1.200 euros al final de la legislatura, en 2023.
El aumento desde 900 a 1.200 euros no se hará de golpe sino de forma progresiva, y teniendo en cuenta la realidad económica de la nación europea. Además, se decidirá tras dialogar con los sindicatos y los empresarios.
La primera fase prevé fijar el salario mínimo en 1.000 euros para 2020.
Derechos para los trabajadores
El PSOE y Unidas Podemos quieren derogar algunos de los aspectos más conflictivos de la reforma laboral aprobada por el derechista Partido Popular (PP) en 2012 y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que vele por sus derechos.
Con esta acción se busca suprimir la posibilidad de despedir a trabajadores que hayan estado de baja por enfermedad. La reforma laboral impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy permitió el despido de los empleados que faltasen más del 20 % de sus días laborales en dos meses consecutivos o al menos 5 % en los últimos 12 meses.
Esta medida ha provocado una ola de despidos en España.
El nuevo Gobierno de coalición también prevé derogar las limitaciones temporales de los convenios laborales. Actualmente, hay más de 4.000 convenios en España que protegen a cerca de diez millones de trabajadores.
Por tal motivo, se pretende recuperar así la ultractividad, la vigencia automática de un convenio vencido mientras no se acuerde uno nuevo. Si caduca el convenio, los trabajadores no quedarán desprotegidos como ocurre en la actualidad, reseña Huffingtonpost.
Adicionalmente, se espera el desarrollo de una ley que garantice la igualdad retributiva y profundice en la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación; y que impulse la equiparación por ley de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.
Otros aspectos que tomarán en cuenta son la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la racionalización de los horarios, el derecho a la desconexión y a la protección efectiva en casos de embarazo y lactancia.
Impuestos para los que más ganan
El pan de gobierno incluye el incremento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los trabajadores que más cobran.
De este modo, los trabajadores que ganen más de 130.000 euros brutos anuales pagarán un IRPF del 47 %, dos puntos más que el 45 % que pagan ahora (salarios superiores a los 60.000 euros). Mientras que los trabajadores que ganen más de 300.000 euros brutos anuales pagarán un IRPF del 49 %, cuatro puntos más que ahora.
Para las rentas de capital, se creará un nuevo tramo para ingresos superiores a 140.000 euros con un incremento de cuatro puntos.
Regulación de alquileres
En materia de vivienda, proponen ampliar progresivamente el presupuesto actual, con un plan de cuatro años para rehabilitación de casas, el realojo inmediato de inquilinos sin recursos que no puedan hacer frente a la renta; fomentar el alquiler social para personas sin alternativa habitacional y frenar «la subida abusiva» de los alquileres, permitiendo que los ayuntamientos o las comunidades autónomas «que así lo consideren» puedan regular los incrementos en las zonas «previamente declaradas tensionadas».
Nueva Ley de Educación
Otra medida propuesta es aprobar una Ley Básica de Educación que elimine la segregación escolar, y capaz de alinear la formación profesional con el resto del sistema, garantizar la inclusión y establecer que la asignatura de religión sea de carácter voluntario.
Además, tienes como objetivo garantizar la gratuidad «real y efectiva» de la educación obligatoria, incluyendo los libros, el material escolar y el comedor durante todas las etapas, para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. También que universalice el acceso a la educación Infantil de 0 a 3 años y sitúe la inversión educativa y becas en 5 % del PIB para el 2025.
Cambio climático y factura eléctrica
Otro punto que trabajará el Gobierno de coalición es la lucha contra el cambio climático. La primera medida que proponen es aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que fije objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar en 2050 una generación de electricidad 100 % renovable, y entre 85 % y 95 % para 2040.
Asimismo, prevé reformar el mercado eléctrico con la intención de lograr una «bajada de la factura» de la luz, cuyos altos montos ahorcan el presupuesto de las familias españolas.
La prueba de los presupuestos
El grueso de las iniciativas del nuevo Gobierno deberá plasmarse en los presupuestos generales del Estado, para cuya aprobación se ha dado un plazo de tres meses.
Las cuentas parecen estar preparadas, después de que el PSOE y Unidas Podemos pactarán la propuesta fallida del año pasado.
Sin embargo, el mayor obstáculo que deberán salvar esos presupuestos será, previsiblemente, la fragilidad de la mayoría parlamentaria que permitió la investidura de Sánchez, y que hace prever un arduo camino de negociaciones, en especial con los partidos minoritarios que le dieron el voto y con las formaciones independentistas que pueden trancar el juego.
Ésta, sin duda, será la primera gran prueba, económica y política para el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.
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