La primera reunión de la Mesa del Congreso se realizará este jueves y, según fuentes parlamentarias, parece poco probable que se resuelva la situación
Una disputa se ha generado entre el Tribunal Supremo de España y el Congreso para decidir sobre la posible suspensión de los presos catalanes, electos en el Parlamento.
A petición de la Fiscalía, los diputados catalanes electos, en prisión preventiva por el ‘procés’ independentista, podrían ser suspendidos de sus cargos.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, recibida este miércoles por el rey de España Felipe VI, emitió un escrito a la Sala para que resuelva este asunto y la decisión no recaiga en la Mesa de la Cámara Baja.
Desde Unidas Podemos han rechazado que el Parlamento español decida sobre el futuro de los representantes políticos encarcelados.
En el escrito de este jueves, el presidente del Supremo, el magistrado Manuel Marchena, recuerda que su Sala ya se pronunció el pasado 14 de mayo sobre la suspensión de los cuatro políticos independentistas presos y que la «configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración de un informe requerido» por la presidenta de la Cámara baja.
El secretario general del Partido Popular, grupo principal de la oposición, Teodoro García Egea, se ha apresurado a anunciar que si Batet no «suspende de forma inmediata a los presos preventivos», los populares pedirán su reprobación e incluso se plantean acudir a los tribunales.
Tras las elecciones de diciembre de 2017, se vivió una situación parecida en el Parlament de Cataluña. En ese caso, el Alto Tribunal determinó que los presos catalanes electos al Parlamento fueran suspendidos de sus cargos.
La primera reunión de la Mesa del Congreso se realizará este jueves y, según fuentes parlamentarias, parece poco probable que se resuelva la situación de los líderes independentistas, reseña Hispantv.
Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal y según el Reglamento del Congreso, los parlamentarios catalanes que se encuentran en prisión preventiva y cuyo proceso judicial ya se encuentra en la fase oral, deben ser suspendidos de sus funciones y derechos como diputados.
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