España sigue mirando cómo transcurre la decadencia de sus políticos. Semanas atrás, el gobierno de Mariano Rajoy se vino abajo y el mandatario fue destituído después de una sentencia de la Audiencia Nacional que mostró las evidencias de procesos sistemáticos de corrupción. Ahora le toca al turno al PSOE, que gobierna en la comunidad autónoma de Andalucía.
El gobierno andaluz de Susana Díaz está salpicado por una acusación particular en una causa judicial que investiga, entre otras cosas, el gasto de dinero público en un prostíbulo de Sevilla, con cargo a la tarjeta de crédito de un antiguo directivo de la agencia pública para formación de parados.
El Partido Popular ya le encontró filo al asunto, en una región que tradicionalmente vota al PSOE. La investigación judicial es una pieza separada de otra macrocausa –el supuesto fraude en los cursos de formación a parados– que gira en torno a la extinta Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe) y al que fuera uno de sus directivos en 2010, Fernando Villén, militante del PSOE.
El 22 de marzo de 2010, Villén usó una tarjeta MasterCard, asociada a la Faffe, en un prostíbulo de Sevilla -Don Angelo- para realizar 15 pagos sucesivos en menos de seis horas por valor de 14.737 euros. En los extractos que se han hecho públicos aparecen facturas de 310 euros y de 1.470 euros. Extrañamente, esto ocurrió el mismo día en el que estaba siendo remodelado el Gobierno andaluz y acababa de cesar el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, responsable político de la Faffe.
Los pagos de aquel día no constan en la contabilidad de la tarjeta porque fueron anulados por el portador a la mañana siguiente de la fiesta en el club de alterne. Alguien se encargó de volver al local y abonar en efectivo. Pero los movimientos bancarios de esos casi 15.000 euros sí quedaron grabados.
El dueño del prostíbulo habló
El prostíbulo Don Angelo en Sevilla, donde presuntamente usaba fondos públicos un funcionario del PSOE. Foto: Web
En el sumario de la investigación aparecen las declaraciones, como testigo, del dueño del prostíbulo. A petición de la jueza que instruye el caso, la Consejería de Empleo inicia una investigación interna sobre la tarjeta. Al no encontrar nada sospechoso en la contabilidad, se solicitó los extractos de gasto de la tarjeta a la entidad bancaria responsable y así se descubrió el desembolso de los casi 15.000 euros en el club, entre las 20.57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 2.43 horas del día siguiente.
El Gobierno andaluz calificó este caso de “lamentable, intolerable y patético” y recuerda que fueron ellos quienes pusieron en manos de la Justicia la documentación sobre los extractos bancarios de la tarjeta bajo sospecha. Además, se proporcionó a los agentes de la UCO los ordenadores con las claves para que accedieran a toda la contabilidad de la Faffe. Sin embargo, los detalles del gasto en el prostítulo –el montante total y el desglose de cada factura- fueron hechos públicos por el Partido Popular andaluz en una comparecencia ante la prensa este lunes.
Fernando Villén asegura que gastó 538 euros con la tarjeta de la Faffe, pero los extractos de la madrugada del 22 de marzo suman 14.737 euros. La Guardia Civil desconoce aún quien acudió al día siguiente a abonar la cuenta en metálico, evitando que se cargara el cobro de la tarjeta de crédito. Además esta tarjeta tenía un tope de gasto de 3.000 al mes, y ese día se cuadruplicó el límite.
A pesar de todo, este asunto de la tarjeta de crédito de la Junta utilizada en un prostíbulo es dinamita en manos del principal partido de la oposición, que ve la oportunidad de volver a usar las denuncias de corrupción como principal línea de confrontación con el Gobierno socialista de Susana Díaz. Más aún ahora que ha sido un caso de corrupción –la sentencia de la trama Gürtel que prueba la financiación ilegal del PP- la que sirvió de plataforma al PSOE de Pedro Sánchez para impulsar una moción de censura contra Mariano Rajoy y desbancar al PP del Gobierno.
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