El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha empezado a recabar los primeros apoyos para pedir formalmente que el Congreso abra una comisión de investigación sobre las «presuntas irregularidades» en las que habría incurrido el rey emérito Juan Carlos. Esto, luego de las candentes revelaciones realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la examante del monarca.
La propuesta de investigación ya cuenta con la firma de los nueve diputados del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), los cuatro de Compromís y los dos de EH Bildu.
El primero en poner sobre la mesa la posibilidad de que la Cámara Baja investigue este asunto fue el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón. Después, el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, y el diputado de En Comú Joan Mena comparecieron para retar al resto a impulsar esta investigación de forma conjunta.
Garzón se basó en las noticias difundidas por varios diarios digitales, según las cuales, la amiga del rey Juan Carlos, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, habría revelado que éste tiene cuentas en Suiza y que la usó como testaferro para ocultar patrimonio en el extranjero, información con la que se ha vinculado a los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño.
Destaparon las «cloacas» del Estado
Según el coordinador federal de IU, la difusión de esa información «obedece a las peleas en las cloacas del Estado», pero al margen de ello, lo «grave» es que hay instituciones, como la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que «sabían lo que estaba pasando con la Casa Real» y no actuaron. Advirtió que es mentira que «defender la Monarquía es defender a España».
Garzón recordó que el rey Juan Carlos es «aforado» pero no «inviolable» jurídicamente, porque en 2014 perdió la inviolabilidad con su abdicación, pero mantiene el aforamiento, algo que no impide que puedan solicitar su comparecencia en el Congreso.
En total, 81 diputados se sumaron a la iniciativa de Unidos Podemos. Con ello se superan las 70 firmas necesarias para pedir la creación de una comisión de investigación.
El rey Juan Carlos fue un impenitente fanático de crímenes contra animales. Foto. Web
¿Puede el rey ser procesado?
No es la primera vez que se ventilan en los medios los turbios negocios del rey emérito, sobre todo aquellos que tienen que ver con las monarquías del Golfo Pérsico, pero sí es la primera vez que se aportan datos concretos: en esas conversaciones, Corinna, su examante, asegura que el rey Juan Carlos la utilizó como testaferro a ella y a otras personas para ocultar al fisco dinero en Suiza y propiedades en el extranjero.
Añade que el monarca cobró millonarias comisiones por las obras del AVE a La Meca y que, además, se acogió a través de personas interpuestas a la amnistía fiscal del anterior Gobierno en 2014. Las acusaciones de Corinna levantaron una polvareda porque suscitan muchas dudas sobre la legalidad de la actuación del rey Juan Carlos.
La pregunta surge automáticamente: ¿Puede acabar el rey Juan Carlos procesado ante los tribunales si finalmente se demuestran las acusaciones de Corinna? La respuesta no es, sin embargo, tan evidente: hay que tener en cuenta al menos dos consideraciones. En primer lugar, hay que valorar el estatus jurídico del rey emérito. Segundo, hay que determinar si estos supuestos delitos son anteriores al 2 de junio de 2014, el día que Juan Carlos abdicó, o si siguen vigentes con posterioridad a esa fecha.
Esa pregunta, la del si el rey Juan Carlos podría acabar siendo juzgado ante un tribunal, se la formularon esta misma semana a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ante la duda de si podría legalmente ser llevado a juicio, Delgado dio una de las claves: «El rey emérito tiene aforamiento, pero no inviolabilidad«.
Como rey emérito, Juan Carlos mantiene actualmente el privilegio del aforamiento. Esta prerrogativa implica que sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo. Pero esto sólo ocurre desde el año 2014, el año en que abdicó. Antes del 2 de junio de ese año, la figura de Juan Carlos era inviolable —como ahora lo es la del rey Felipe VI— según se recoge en el artículo 56.3 de la Constitución Española.
«La inviolabilidad supone la irresponsabilidad penal de los hechos con lo que no se podría abrir ningún proceso penal sobre los hechos constitutivos de delito», explica Elviro Aranda, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y experto constitucionalista. Es decir, que a Juan Carlos no se le puede procesar por las supuestas irregularidades cometidas mientras ocupó el trono. «Creo que no puede ser juzgado con carácter retroactivo», concluye Aranda.
Pese a eso, el gobierno de Mariano Rajoy concedió deprisa y corriendo el aforamiento al rey emérito y a su familia —también resultaron aforadas las reinas Sofía y Letizia y la princesa de Asturias— en julio de 2014, gracias a su mayoría absoluta en el Congreso.
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