Incluir medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente que incluya una evaluación de riesgos para cada fase del proyecto que penalice fugas, impactos al suelo o la biodeversidad, es una manera viable juridicamente para detener el Fracking.
Si los ciudadanos logran que los tribunales penalicen el riesgo de fugas o migraciones de fluidos de perforación, desde el emplazamiento hasta el post-desmantelamiento o el análisis previo de los impactos acústicos, sísmicos, los usos del suelo, sobre la biodiversidad, el estado de las infraestructuras y edificios o los pozos existentes y las estructuras abandonadas, dificilmente las empresas tomarían el riesgo de hacer estas inversiones.
Iniciativa española
Por lo menos así lo están intentando ciudadanos de Cantabria en España para obligar a las compañías a desarrollar un plan de gestión de los recursos hídricos, que deberá incluir información sobre las sustancias químicas y los volúmenes de agua que tiene la intención de utilizar en cada pozo.
El director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, explica que no se podía hacer otra ley antifracking porque las autonomías no tienen competencias sobre los hidrocarburos. Pero, en cambio, sí tienen competencias ambientales para «disuadir» a las compañías que estén interesadas en cumplir «una evaluación de riesgos, además de un estudio con información de las aguas, las calidad del aire, las condiciones del suelo…».
«Va a ser casi imposible», destaca Palacio, que lleva un año trabajando en este documento, ante «la sensibilidad especial que despierta en la sociedad este asunto y la existencia de riesgos evidentes en el medio ambiente».
La clave para este éxito está en las medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente.
Multas y sanciones
La nueva ley incluye también el régimen de control y disciplinas ambientales que son objeto de protección ambiental, con la correspondiente tipificación de infracciones y sanciones, además de los planes y programas de inspección ambiental integrada, obligatorios por ley desde el año 2014.
Las infracciones leves irán desde los 2.400 hasta los 24.000 euros, las graves desde 24.001 hasta los 240.000 euros y las muy graves entre 240.001 euros y 2,4 millones. Todos los apartados y la tipificación económica vienen estrictamente definidos para que no haya lugar a confusión. En los casos de existencia de un riesgo grave e inminente para el medio ambiente, la seguridad y salud de las personas y, antes de la iniciación del procedimiento sancionador, podrán adoptarse una o varias de las medidas cautelares como la parada de las instalaciones o el precintado para la protección provisional de los intereses implicados.
Repercusiones económicas y medioambientales
El fracking ha sido una revolución energética. Los partidarios de la fracturación hidráulica argumentan el éxito en los cuantiosos beneficios económicos que ha provocado en los últimos años. Pero esta tecnología tiene los más acérrimos detractores, que basan su ataque contra el fracking por los numerosos daños ambientales.
Han sido cuantiosos los informes contrarios al fracking por su irreversible daño al medio ambiente. El lobby verde ha sido su principal detractor. Aseguran que existe un elevado riesgo de contaminación de acuíferos, la emisión de contaminantes que afectan la calidad del aire, la posible elevación a la superficie de gases y componentes químicos utilizados durante el proceso, los riesgos de vertido debido a la inadecuada gestión de los residuos, y los efectos que puedan tener en el entorno natural y la salud humana, por no hablar de la sismicidad inducida en los territorios cercanos.
Se ha probado científicamente que ha habido contaminación de aguas en varias ocasiones en EE. UU. Aunque se trate de casos aislados, existen y no por ello se debe descuidar. Es cierto que las técnicas de fracturación han mejorado y que el riesgo ha disminuido con ello, pero mientras siga habiendo un mínimo, continuará la sospecha de que el fracking es muy perjudicial para la salud y el medio ambiente.