En marzo de 2017, mientras pedía sanciones contra Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno de Donald Trump evadía rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La delegación de Estados Unidos boicoteó varias audiencias que tenían que ver con graves casos de violaciones a los derechos humanos por parte de Washington, políticas migratorias discriminatorias e, incluso, el caso de los «inmigrantes japoneses en América Latina que fueron llevados a la fuerza a un campo de concentración estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial».
La CIDH es parte de la OEA, pero a la administración Trump poco le importó. Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre, los diferentes gobiernos de Estados Unidos han convertido a su país en el gran ausente en los sistemas de rendición de cuentas sobre derechos humanos en el mundo.
Trump ha amenazado a la ONU y sus organismos con evitar cualquier tipo de financiamiento para su funcionamiento
Amenazan con irse del Consejo de Derechos Humanos
En el mismo mes de marzo de 2017, la administración Trump también amenazó con retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Su entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, expresó en una carta: «Aunque puede que sea la única organización dedicada a los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos necesita reformas considerables para que nosotros sigamos participando».
EE. UU. cuestionaba los «llamados de atención» contra acciones del Gobierno de Israel. Pero, al mismo tiempo, advertía sobre la presencia de China y Egipto. Y lo más sorprendente, criticaba la presencia en el organismo de Arabia Saudita, justo una de las naciones a las que Washington vende mayor cantidad de armas en el mundo.
Bush votó en contra
El gobierno de George W. Bush (2001-2009) votó en contra de la creación del Consejo de Derechos Humanos en 2006 y se negó a participar en él una vez creado, por considerarlo «dominado por países violadores de los derechos humanos».
No osbtante, su sucesor en la presidencia, Barack Obama (2009-2017), finalmente decidió sumarse al Consejo en mayo de 2009. Así, la nación norteamericana se convirtió en uno de los 47 miembros de ese organismo.
Se fueron de la UNESCO
Si bien, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco, por su sigla en ingles) no es un organismo propiamente de debate y revisión sobre los derechos humanos, tiene una gran responsabilidad en la defensa y promoción de los derechos fundamentales del ser humano.
El caso es que para Estados Unidos es más importante su compromiso con Israel. Muestra de ellos es que en octubre de 2017 el gobierno de Donald Trump decidió retirarse de ese organismo. Incluso, en 2011 ya había retirado cualquier financiamiento.
Para Trump y su cuadrilla de aliados, el gran «error» de la Unesco como institución fue reconocer a Palestina y denunciar los abusos de las fuerzas de Israel contra el pueblo árabe.
Enfrentados a la Corte Penal Internacional
La Corte Penal Internacional (CPI), la misma instancia ante la que Luis Almagro, con apoyo de Washington, quiere acusar a Venezuela, no es reconocida por el gobierno norteamericano.
En 2002, el gobierno de George W. Bush decidió retirar su firma de los países constituyentes de la CPI. Los argumentos podrían llegar a ser cínicos: quería prevenir que sus funcionarios de servicio en el exterior (diplomáticos, soldados, agentes de inteligencia) e implicados en crímenes de guerra pudieran ser juzgados por el organismo.
El tratado de la CPI había sido firmado inicialmente por la administración de Bill Clinton (1993-2001). Por todo ello, es curioso que un Estado caracterizado por decisiones unilaterales y coercitivas en el ámbito internacional llegara a excusas como ésta para justificar su decisión:
«Favorecemos una estrategia alternativa basada en devolver las competencias a su nivel natural, que es el Estado», Pierre Prosper, embajador de EE. UU. para asuntos relacionados con crímenes de guerra (2002).
Las fuerzas estadounidenses son culpables de crímenes de guerra en Afganistán, según un informe de la CPI
En 2016, Washington fue declarado culpable
En el año 2016, los fiscales de la CPI de La Haya informaron que «había razones sólidas para creer que las fuerzas del ejército de Estados Unidos desplegadas en Afganistán cometieron crímenes de guerra en territorio afgano».
Según el informe de la Corte Penal, las fuerzas estadounidenses perpetraron crímenes relacionados con la tortura y otros tipo de maltratos en campos secretos de detención. Estos centros clandestinos estaban gestionados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y los crímenes de guerra tuvieron lugar «principalmente durante el periodo 2003-2004» aunque «en algunos casos continuaron hasta 2014».
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