El presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, firmó una ley que condiciona a Nicaragua la solicitud de créditos a instituciones financieras internacionales.
Se trata de la ley conocida como ‘Nica Act’ (Nicaraguan Investment Conditionality Act), que anteriormente fue aprobada por el Congreso estadounidense. La norma también posibilita la aplicación de sanciones contra funcionarios del Estado de Nicaragua, destacó RT.
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En la restricción de los préstamos en organismos multilaterales se “exceptúa el financiamiento para proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense”.
Ésta es la tercera ronda de sanciones impuesta por Washington contra Managua. En septiembre, el representante permanente de Rusia en las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU condenó los intentos de EE. UU. «inspirados en la tradición colonialista de influir en la situación en Nicaragua».
Injerencia contra Nicaragua
El pasado 19 de diciembre el Gobierno de Nicaragua comunicó la suspensión temporal de las labores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la de sus misiones en ese país, por utilizar mecanismos de injerencistas en contra del país centroamericano.
Managua suspendió la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como también las visitas de la CIDH.
«El Gobierno de Nicaragua ha actuado de buena fe, esperando imparcialidad y objetividad, manteniendo expectativas de verdaderos y reales aportes que coadyuvaran a nuestros esfuerzos para promover la paz y la seguridad al pueblo nicaragüense”, señaló el comunicado.
Pese a las «múltiples evidencias sobre el carácter violento de las supuestas protestas pacíficas, de la existencia de policías y ciudadanos asesinados con armas de fuego de alto calibre, la CIDH caracterizó dichas protestas como pacíficas», señaló un comunicado de Nicaragua. Foto Web.
No obstante, “estos procesos se han caracterizado por una actitud injerencista, intervencionista, haciéndose eco de las políticas del Gobierno de EE. UU. en contra de Nicaragua», aseveró, por su parte, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en una carta enviada al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
La CIDH llegó a Nicaragua en mayo pasado tras los «hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril, los cuales constituyeron un intento de golpe de Estado».
El Gobierno brindó a los miembros de las misiones internacionales todas las facilidades para que realizaran sus actividades, en las que «pudieron constatar» que las informaciones de algunos medios de comunicación «carecían de fundamento».
Sin embargo, pese a las «múltiples evidencias sobre el carácter violento de las supuestas protestas pacíficas, de la existencia de policías y ciudadanos asesinados con armas de fuego de alto calibre, la CIDH caracterizó dichas protestas como pacíficas», lamentó el canciller.
La CIDH y sus misiones en Nicaragua «se han constituido en una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país».
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