El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes una norma que permite que los médicos se nieguen a practicar abortos y les autoriza a rechazar cirugías de reasignación de género para los transexuales, lo que hasta el momento era ilegal.
La nueva norma, anunciada por el Departamento de Salud, afecta a los médicos, hospitales y compañías de seguros que reciben fondos federales.
La nueva regulación sustituye a otra norma que había sido aprobada en 2016 por el expresidente Barack Obama (2009-2017), quien por primera vez en la historia incluyó en esta regulación una definición amplia del género, que podía ser «hombre, mujer, ninguno o una combinación de hombre y mujer», reseñó la agencia EFE.
Sin embargo, la iniciativa del ultraderechista Trump considera que el género es «hombre o mujer definido por la biología«.
La regulación que aprobó Obama para prohibir la discriminación no llegó a entrar totalmente en vigor porque en diciembre de 2016 fue suspendida por un juez de Texas, por lo que el anuncio de Trump este viernes tiene un gran contenido simbólico y busca satisfacer a su base electoral de la derecha cristiana.
Por otra parte, la norma propuesta por Trump busca proteger legalmente a aquellos doctores que se nieguen a atender a pacientes transexuales y que no quieran practicar abortos, con base en sus creencias.
Además, la regulación deja sin protección a aquellos pacientes que no hablan inglés, que ya no tendrán derecho a un traductor.
Asimismo, la norma afecta a las personas con discapacidad que no podrán reclamar al hospital ayuda para acceder a sus instalaciones y, también, perjudica a quienes tienen dificultades para ver y oír porque ya no tendrán derecho a la tecnología necesaria para entender al médico.
Desde que llegó a la Casa Blanca en 2017, Trump ha erosionado los derechos de la comunidad sexodiversa, con la finalidad de complacer y garantizar la fidelidad de su base electoral más conservadora.
También ha tomado medidas para dificultar el acceso al aborto, como dejar sin fondos públicos a las clínicas de planificación familiar que ofrecen abortos o desvían esos procedimientos a otros especialistas.
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