Un tribunal de San Diego, suroeste de Estados Unidos, ordenó la noche de este martes la reunificación de las familias de inmigrantes separados por la policía migratoria, denunciando la política de «tolerancia cero» impuesta por el gobierno de Donald Trump.
A no ser que representen un peligro para sus niños, los padres deben de ser reunidos con ellos en un plazo de dos semanas para los menores de cinco años y en menos de 30 días para los otros niños, según dictamina la sentencia judicial.
La demanda, que fue respaldada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), no cuestiona la separación cuando los padres sean responsables de delitos penales, sino cuando estos son detenidos por infracciones de tipo administrativa como la de intentar ingresar sin documentos a EE.UU., sin que haya un hallazgo claro de incapacidad o peligro paternal.
«El juez dictaminó que la administración de Trump debe reunir a las familias separadas en un plazo de 30 días, y los niños menores de 5 años deben reunirse con sus padres en un plazo de 14 días«, precisó ACLU en su cuenta Twitter.
BREAKING: We just won a big victory in our fight to reunite families! We'll have more information soon. #FamiliesBelongTogether pic.twitter.com/IL4N57lL57
— ACLU (@ACLU) June 27, 2018
La orden del juez federal también insta al gobierno de Trump a facilitar los mecanismos para la reunificación familiar de las personas que habían sido separadas bajo custodia, refiere Reuters.
La ACLU presentó la demanda en nombre de una madre y su hija de 6 años, separadas en noviembre pasado.
La madre, proveniente de la República Democrática del Congo, intentó ingresar con su hija a EE.UU. por la frontera con México para pedir asilo por razones de persecución religiosa, pero días después de su detención ambas fueron separadas por varios meses. Más tarde, la mujer fue liberada mientras esperaba la decisión sobre su estatus migratorio, y fue mediante una prueba de ADN que pudo recuperar la custodia de la niña.
La ACLU ha llevado adelante otras demandas colectivas en nombre de otros migrantes, en momentos en que la política de «tolerancia cero» aplicada por el presidente Trump ha sido puesta en tela de juicio. Antes de que Sabraw dictaminara la orden, el gobierno estadounidense había dicho que no era necesaria porque el decreto ejecutivo de la semana pasada había solventado «en gran medida» la situación.
El martes, cerca de 20 Estados progresistas estadounidenses presentaron demandas contra la política de «tolerancia cero» llevada a cabo por el presidente Donald Trump ante la inmigración clandestina, añadiendo un nuevo embrollo judicial para la administración del magnate republicano.
La semana pasada, frente al clamor en filas de su propio partido y de la ONU, Trump firmó un decreto suspendiendo la separación de padres e hijos que ingresaron juntos ilegalmente a Estados Unidos, gran parte de ellos en demanda de asilo huyendo de la violencia y la pobreza en países de América Central.