Corría el año 2002 cuando Holanda fue el primer país que legalizó la eutenasia para los pacientes que sufrieran una enfermedad incurable, dolores insoportables y expresaran claramente que desea morir
Ahora el Gobierno de este país pretende expandir la asistencia al suicidio para incluir a aquellas personas que sientan que su vida llegó a su fin y deseen morir, incluso si no están enfermos. Así lo informaron los ministros de Sanidad y Justicia en una carta al Parlamento holandés: «Las personas que estén convencidas de que su vida terminó deberían poder ponerle fin de una forma digna, de acuerdo a unos criterios estrictos y cautos», escribieron ambos ministros en un comunicado.
Dado que el sentimiento de «vida realizada se presenta principalmente en las personas de edad», el nuevo sistema les estará reservado, afirmaron los dos ministros, sin precisar no obstante una edad específica.
El Gobierno de coalición holandés solicitó en 2014 un informe a un comité de especialistas que se encargó de valorar la viabilidad legal y los dilemas sociales que supondría despenalizar el suicidio asistido a personas que piensan que «su vida está completa». El informe concluyó que no existe necesidad de llevar a cabo este cambio porque el marco legal existente ya es «suficiente». Sin embargo, los ministros discrepan de esta opinión y critican la limitación que representa que el suicidio asistido tenga que basarse en fundamentos facultativos. De hecho, la ley holandesa establece que uno de los requisitos para solicitar la eutanasia es que al menos dos médicos confirmen la existencia de un sufrimiento inaguantable y sin perspectiva de mejora.
No se sabe cuándo se redactará el borrador de la nueva ley ni cuando se someterá a votación. Sin embargo, la propuesta será analizada por el Parlamento el próximo año, pero en marzo de 2017 se celebran elecciones en el país, de forma que estará en las manos del nuevo ejecutivo aprobarla o rechazarla.
La nueva ley supondría la creación de una nueva profesión, una especie de «orientador» social con experiencia en el campo de la medicina que evaluaría la solicitud del suicidio asistido. El demandante estaría obligado a poner por escrito que desea terminar con su vida y el orientador le haría entrevistas para confirmar que su sufrimiento es inaguantable, al menos una de ellas en persona y sin la presencia de sus familiares.
La aplicación de la eutanasia no sería automática, sino que se practicaría posteriormente en un tiempo aún no determinado y tras la supervisión del caso por un segundo experto especializado.
Según Reuters, el año pasado el país registró 5.516 muertes en aplicación de la eutanasia, un 3,9% del total de fallecimientos.