Paris, estoy marchando como la gran mayoría aquí. Veo brillo en los ojos de jóvenes y viejos, de mujeres trabajadoras, veo sed de justicia. En las noches veo también violencia, la misma violencia de las marchas del año 2011 en Chile o las de 2019, en las cuales participé. Granadas, gases lacrimógenos, “guanacos”, policías en motos arrollando manifestantes, violencia sexual contra mujeres.
¿Qué ocurre en la Francia de Macron?
Por un lado una inflación que no afloja y un cierto declive del Estado de bienestar; una crisis del hospital público y de la educación que persiste, servicios públicos retrocediendo, suburbios urbanos desamparados y cada vez más pobres, estudiantes haciendo colas donde actores de la sociedad civil distribuyen alimentos gratuito o de bajo costo, migrantes sin viviendas.
Por otro lado, un presidente muy tímido en la lucha contra el cambio climático, principal y legítimo reproche de la juventud. Un presidente que anuló el impuesto a la fortuna en un país donde el gran capital sigue sumando récords en la acumulación de riquezas.
En ese contexto de desconfianza y desolación social, el presidente galo no logra tomar conciencia que el uso del articulo 49.3 para su reforma de pensiones, aunque legal, es antidemocrático. Un método constitucional para acelerar y acabar con el debate en torno a una reforma que divide y sacude.
Está demostrado que en su aplicación, esta ley perjudicará fuertemente a las mujeres. Según Rachel Silvera, profesora de economía y especialista en desigualdades de género en el mercado laboral “esta reforma requerirá un esfuerzo extra de las mujeres que de los hombres”. Las mujeres nacidas en 1972 verán aumentar su edad media de jubilación en nueve meses de media, frente a los cinco de los hombres de la misma generación. Pero son las mujeres nacidas después de 1980 las más afectadas. Para ellas, la edad de jubilación será de ocho meses adicionales frente a los cuatro de los hombres.
A su vez, la pensión mínima de 1200 euros prometida por el gobierno no beneficiará a todos los trabajadores de carrera completa o empleados a tiempo parcial. Además, posponer la edad de jubilación puede empujar a algunas personas mayores al desempleo. La reforma anterior, que elevaba la edad de 60 a 62 años, supuso un aumento de 100 mil cesantes mayores de 60 años entre 2010 y 2022.
La persistencia, ceguera y atrincheramiento del gobierno termina reuniendo al pueblo en las calles. Macron declaraba hace unos días frente a los parlamentarios de su coalición que “la multitud en las calles no es legítima”.
La frase en un país con la tradición histórica de Francia solo es pólvora.
Pero esa multitud no se manifiesta solamente contra una reforma que quiere hacer trabajar las personas hasta los 64 años. El levantamiento popular y transversal es mucho más profundo. Ese pueblo marcha para mantener lo que tanto costó alcanzar, defiende sus derechos sociales, marcha contra esa verticalidad brutal del poder, clama por más democracia y más empatía. Reclama dignidad, avances y no retrocesos sociales. Marcha contra la desigualdad galopante, contra los grandes grupos económicos que en el país galo se han enriquecido de manera vertiginosa. No faltan los economistas para saber que existen múltiples soluciones para financiar las pensiones. El problema no es financiero es ideológico. Es más simple para algunos exigirle esfuerzos a los más vulnerables, a esas personas que tanto se aplaudieron durante la crisis del Covid-19, pero con el tiempo se acaba favoreciendo la creación de fondos privados.
Algunos medios se hacen la pregunta si este nuevo movimiento social que emerge no será la semilla para la Sexta República. Claramente la Quinta República instaurada en 1958 es inadaptada a los tiempos actuales, lejos de los desafíos colectivos que un país como Francia debe afrontar.
El Consejo Constitucional tiene un mes para decidir si la nueva ley de pensiones está acorde a la Constitución. Si las protestas no aflojan, si esa censura popular persiste, Macron deberá encontrar una salida política. Retirar su reforma, o aceptar un plebiscito, o disolver el parlamento y llamar a nuevas elecciones legislativas. En este último caso, el desafío será grande para la izquierda, que deberá profundizar su unidad programática y hacer todo para evitar que la extrema derecha se fortalezca.
La tarea es grande. Se trata de construir un proyecto de esperanza, volver a hablarle a las clases populares, recuperar los barrios y zonas rurales más marginales, en definitiva, volver a estar presentes, escuchar y construir junto a la ciudadanía. Mientras el planeta se sigue quemando, en Francia está latente el riesgo de que cuando un presidente autoritario se aleja del pueblo y se debilita, la extrema derecha silenciosa está ahí esperando su momento.
Por Pierre Lebret
Polítólogo, Máster relaciones internacionales La Sorbone
investigador en cooperación internacional
Foto: @onmappellelay
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