El Gobierno de Donald Trump cambió hoy una directriz del Ejecutivo de su antecesor, Barack Obama, sobre el manejo de los casos de abuso sexual en las universidades de EE.UU. para dar mayor protección a los acusados, un paso criticado de inmediato por congresistas demócratas y grupos de la sociedad civil.
En un comunicado, y cumpliendo lo prometido el 7 de septiembre, el Departamento de Educación anunció la anulación de la directriz de Obama, emitida en 2011, e implantó una guía temporal hasta que tenga lista la nueva norma, abierta ahora a comentario público.
A la directriz de Obama se la conoce como «Dear colleague» (querido colega) porque así comenzaba la carta que el Departamento de Educación demócrata envío el 4 de abril de 2011 a todos los centros de educación superior que reciben fondos federales.
La medida, muy aplaudida por asociaciones de víctimas y otras organizaciones de la sociedad civil, forzó por primera vez a los centros a responder con mayor rapidez y eficacia ante las denuncias de abuso sexual, ya que, de no hacerlo, podían perder la financiación federal.
Sin embargo, la actual secretaria de Educación, Betsy DeVos, anuló hoy la iniciativa por considerar que «creó un sistema que carecía de los elementos básicos del debido proceso y no garantizaba la imparcialidad fundamental», según la nota de su Departamento.
DeVos ya hizo saltar las alarmas en su discurso del 7 de septiembre, en el que no solo anunció que haría el cambio sino que describió su controvertida visión sobre un problema de gran incidencia en los campus de EE.UU. y que tiene a las mujeres como principales víctimas.
«Washington ha obligado a las escuelas a investigar los casos con definiciones ambiguas e increíblemente amplias de abuso y acoso. Cualquier ofensa percibida puede convertirse en una investigación avanzada del Title IX», dijo, en referencia a la ley en la que se basaba la directriz de Obama y que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las instituciones educativas con ayuda federal.
Y añadió, en la que fue sin duda la frase más criticada de su alocución, «si todo es acoso, entonces nada lo es».
El principal cambio que introduce su guía temporal para los centros es la petición de que usen un «mayor estándar de prueba» a la hora de determinar si uno de sus alumnos es responsable de abuso sexual.
La norma de Obama establecía que eso podía concluirse con lo que en derecho se denomina «preponderancia de la prueba».
Este estándar probatorio, empleado en la mayoría de casos civiles, establece que si hay más del 50 % de probabilidad de que una proposición sea verdad, entonces lo es.
Es decir, que si el abuso sexual se prueba en más de ese porcentaje, el denunciado es culpable.
En cuanto se anunció la medida, las organizaciones que luchan contra el abuso sexual emitieron comunicados denunciándola con dureza, igual que varias congresistas demócratas.
«Hoy, DeVos y la Administración Trump eligieron inclinar la balanza en favor de los violadores y criminales. Revertir la guía (de Obama) es una afrenta contra los estudiantes, los supervivientes y sus aliados, que han luchado para sacar el abuso sexual de las sombras», indicó en el suyo la entidad «End rape on campus».
También condenaron el paso las senadoras demócratas Kamala Harris y Catherine Cortez Masto y la congresista Nita Lowey, entre otros.