El Gobierno de Estados Unidos aprobó este viernes la solicitud de extradición del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acusado de corrupción y de haber ordenado la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional entre los años 2012 y 2014, durante su administración.
La extradición que otorgó el Departamento de Estado estadounidense, había sido certificada desde el 31 de agosto de 2017 por el juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, y avalada el 23 de enero pasado por Marcia Cooke, jueza de una instancia superior a la de Torres.
La Cancillería panameña, como canal o conducto entre el Órgano Judicial y Estados Unidos, cuenta con 30 días para proceder con el traslado, en el que estará presente un representante de la Corte Suprema de Justicia, otro del Ministerio de Relaciones Exteriores y los custodios de la Policía Nacional.
Después que Martinelli se encuentre en Panamá, quedaría bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, responsable del proceso judicial.
Según medios internacionales, el magistrado Harry Díaz, fiscal del proceso seguido a Martinelli, dijo que desconocía si la extradición se lleva a cabo bajo el principio de especialidad. De ser así, solo podría ser procesado por el caso por la que fue concedida la extradición.
Uno de los abogados de Martinelli, Sidney Sittón, indicó que él tiene conversación permanente con autoridades en la ciudad de Washington, quienes le indicaron que ya fue firmada orden de entrega del ex mandatario.
Señaló en TVN Noticias que la defensa ha solicitado que el ex presidente sea enviado a Panamá en un vuelo comercial, debido a que las autoridades panameñas están pidiendo que viaje en un vuelo privado.
Un año detenido
El exmandatario panameño fue capturado en Miami el 12 de junio de 2017. Desde entonces, permanece en el Centro de Detenciones Federales, sin derecho a fianza.
En la Corte Federal de Apelaciones del 11° circuito estadounidense, con sede en la ciudad de Atlanta, Georgia, hay una apelación de los fiscales de Miami en contra de la fianza de excarcelación a favor del exmandatario, que no ha sido resuelta aún. No obstante, eso no sería impedimento para que avance el proceso de entrega a Panamá.