Siete años después de la firma del primer rescate Grecia está a punto de aprobar el cuarto memorando. Esa es la visión que tienen los sindicatos y la oposición del nuevo paquete de medidas de austeridad que se votará este jueves en el Parlamento y contra las que hoy se celebró la primera huelga general del año.
Miles de ciudadanos -unos 12.000 según la policía – salieron por enésima vez a la calle en Atenas para protestar contra la ley escoba que se empezó a debatir hoy en el Parlamento y que engloba todas las medidas pendientes para obtener un nuevo tramo de la ayuda financiera de alrededor de 7.000 millones de euros.
La ley, que el martes fue aprobada en comisión parlamentaria, incluye además medidas de recorte de pensiones a partir de 2019 y aumentos de impuestos a partir de 2020 por un total de 4.900 millones de euros anuales.
Los sindicatos lo ven como un nuevo memorando -el cuarto desde 2010- que a diferencia de los tres anteriores no contempla ninguna contrapartida económica.
El ambiente que se palpaba hoy en el centro de Atenas era doblemente gris: un cielo encapotado enmarcaba el sentimiento de desesperanza que se leía de los rostros de los manifestantes.
«No nos queda esperanza alguna. Ningún político puede ofrecerla. Lo que hace falta es un líder que ame a la patria, diga basta ya y exija la quita de toda la parte de la deuda que es ilícita».
Son palabras de Melina Kotsaki, azafata retirada de 73 años que cuando se jubiló cobraba una pensión de 2.200 euros, de los que en estos momentos solo le quedan 750 euros y que con el nuevo tijeretazo que entrará en vigor en 2019 cobrará hasta un 18 % menos.
Tampoco Kostas Kekas, camillero recién jubilado con 700 euros, cree que haya actualmente un político capaz de mejorar la situación en Grecia, a pesar de que las encuestas dan diez puntos de ventaja a los conservadores frente a la gubernamental Syriza.
«Lo único que tendría sentido es un Gobierno que luche por que Grecia salga de los memorandos y que no piense solo en sus intereses partidistas sino, sobre todo, vele por el bien del pueblo», dice Kekas a Efe.
La jornada de huelga, que en algunos sectores como el naval, los médicos, los abogados o el transporte público es de 48 o hasta de 72 horas, transcurrió como suele ser habitual en Grecia, con un seguimiento muy desigual, imperceptible en el comercio, pero con muchos trastornos en los servicios.
El tráfico ferroviario se detuvo por completo y en el transporte urbano, los autobuses y tranvías pararon durante todo el turno de noche y lo volverán a hacer a partir de las 21.00 hora local (18.00 GMT), mientras que el metro funciona solamente desde las nueve de la mañana (06.00 GMT) hasta las cuatro de la tarde (13.00 GMT).
Por primera vez en mucho tiempo se sumaron al paro también los controladores aéreos, con un paro de cuatro horas, lo que obligó a cancelar o alterar unos 150 vuelos desde y hacia Atenas.
También fue novedosa la convocatoria de los uniformados a una manifestación propia, que se desarrollará esta tarde. La presencia policial en la manifestación era también menor que de costumbre, a pesar de que les está prohibido hacer huelga.
Durante el debate celebrado el martes en comisión parlamentaria y al que diversos colectivos habían sido invitados a exponer su opinión, un representante del sindicato de las Fuerzas Armadas amenazó con que los militares «cambiarán de bando» si el Gobierno no retira la ley.
Ni siquiera en la administración pública el seguimiento fue abrumador, de algo más del 50 %, según señaló a Efe un portavoz de Adedy, el sindicato del sector público.
El bajo seguimiento se ha convertido en habitual en Grecia, porque muchos trabajadores no pueden permitirse perder una jornada de salario o no le ven sentido a protestar solo un día.
«Yo hago huelga como un ejercicio rutinario, pero no creo que tenga mucho sentido. Otra cosa sería una huelga indefinida», sostiene Panayiotis, abogado en la cincuentena.
El comercio funcionó con normalidad a pesar de que la ley que se votará el jueves incluye un apartado que amplia de 8 a 32 el número de domingos laborables en las tiendas y contra el que ya se celebró una huelga hace dos semanas.
Este aspecto es un reglamento exigido por los acreedores que el Gobierno acató a pesar de calificarlo de poco útil en plena crisis económica, con cada vez más tiendas que han echado el cerrojo a causa del bajo consumo.
Tsipras ha defendido los tijeretazos adicionales con la promesa de que cada medida de recorte irá acompañada de una contramedida de alivio y el argumento de que cerrar la segunda evaluación del rescate permitirá que Grecia pueda entrar en un programa de alivio de la deuda a partir de 2018, salir paulatinamente a los mercados y dar definitivamente carpetazo a la era de rescates.
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