La crisis social y política en Panamá se intensifica con una nueva jornada de movilizaciones. Este martes, sindicatos y organizaciones populares han tomado las calles para rechazar la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social (CSS), que representa un duro golpe a los derechos laborales y de jubilación de la clase trabajadora.
Rechazo a la privatización y saqueo de recursos públicos
El descontento también responde a la reapertura de la mina más grande de Centroamérica, con capital canadiense, a pesar de haber sido clausurada por la justicia en 2023. Otro punto clave es la oposición a la construcción de un embalse en el río Indio, que amenaza con desplazar a comunidades campesinas y originarias en Coclé, Panamá Oeste y Colón, sin su consentimiento.
Fernando Ábrego, vocero del Frente de Acción Magisterial, explicó que las protestas del 3 y 4 de abril buscan denunciar la apropiación indebida de los fondos de la seguridad social en beneficio de los bancos, el desabasto de medicamentos y el deterioro de los servicios de salud. Además, llamó a las familias de los docentes a sumarse a las movilizaciones y a participar en talleres que evidencian los perjuicios de estas medidas neoliberales.
El Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) también ha expresado su respaldo al paro magisterial, mientras que el movimiento popular ha presentado una demanda de inconstitucionalidad parcial contra la Ley 462 ante la Corte Suprema de Justicia.
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En respuesta, las autoridades panameñas han amenazado con retener el salario de los docentes que se sumen a la huelga. Sin embargo, la resistencia social se mantiene firme, exigiendo un modelo de seguridad social justo y la protección del medio ambiente ante el avance de intereses empresariales extranjeros.
Fotografía: Redes
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