Idaho restringe servicios de salud pública a inmigrantes indocumentados en medio de brote de sarampión

En medio de un brote de sarampión que se propaga por varios estados, Idaho ha aprobado una controvertida ley que pone fin a la vacunación pública y otros beneficios de salud para inmigrantes que residen en Estados Unidos sin estatus legal.

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La medida, firmada recientemente por el gobernador republicano Brad Little, entra en vigor el 1 de julio y elimina una serie de prestaciones públicas, incluidas las campañas de vacunación financiadas con fondos estatales, atención prenatal y postnatal, pruebas de enfermedades contagiosas y asesoramiento en crisis, entre otros servicios.

El senador estatal republicano Phil Hart, uno de los impulsores de la legislación, defendió la medida argumentando que el estado no debe financiar servicios para quienes no están legalmente en el país. “No impide que nadie acceda a estos servicios, solo evita que Idaho los pague”, dijo durante el debate legislativo.

Sin embargo, la nueva ley ha generado una fuerte oposición entre sectores médicos, religiosos y empresariales. Críticos advierten que limitar la atención médica preventiva podría tener consecuencias sanitarias graves, especialmente ante la propagación del sarampión, y que contradice la postura antiaborto del estado.

“Negar atención prenatal compromete la vida de los no nacidos”, alertó el senador republicano Jim Guthrie, quien se opuso a la medida a pesar de compartir la postura pro-vida del estado.

Organizaciones como la Asociación de Lecheros de Idaho, la Diócesis Católica y Mujeres Mormonas por un Gobierno Ético también manifestaron su rechazo. No obstante, la ley fue respaldada por la influyente Fundación Idaho Freedom, un grupo de presión conservador.

Expertos en política migratoria, como Valerie Lacarte del Instituto de Políticas de Migración, advierten que la ley podría disuadir incluso a inmigrantes con residencia legal de buscar atención médica por temor o confusión. “El simple hecho de preguntar por el estatus migratorio tiene un efecto disuasorio”, subrayó.

Mientras tanto, centros de salud comunitarios como Terry Reilly Health Services trabajan para adaptarse a los nuevos lineamientos sin dejar de atender a la población vulnerable. “Tratamos de encontrar la mejor forma de seguir brindando servicios cumpliendo con la ley”, explicó Claudia Weathermon, vocera del centro.

Aunque los beneficios médicos se verán restringidos, el Banco de Alimentos de Idaho confirmó que continuará asistiendo a cualquier persona en necesidad, ya que sus recursos no provienen de fondos estatales.

Con esta ley, Idaho se convierte en uno de los primeros estados en restringir formalmente beneficios de salud pública a inmigrantes indocumentados desde que, bajo la administración de Donald Trump, se promovieran políticas más estrictas de verificación migratoria. Otras legislaturas estatales con mayoría republicana evalúan medidas similares.

Foto: Redes

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