El Parlamento israelí (Knéset) aprobó este lunes la ley para retener la parte proporcional a los fondos que recauda en nombre de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
La ley establece que los pagos que la ANP entrega a los presos y a sus familiares, así como a las familias de palestinos fallecidos en ataques, deben deducirse de los ingresos fiscales que Israel envía anualmente a la institución palestina. Según Israel, se trata de “pagos a terroristas”, ya que parte de los presos cumplen condena por cometer ataques contra intereses y ciudadanos de Israel.
Dejar a los prisioneros en la indefensión
“La versión final de la ley establece que los fondos a la ANP serán congelados y solo transferidos después de que las autoridades de defensa israelíes hayan determinado que el Gobierno palestino deja de pagar sueldos a los prisioneros y sus familias”, indica el periódico Haaretz.
La nueva legislación fue promovida por los diputados Elazar Stern, del partido de centroderecha Yesh Atid, y Avi Ditcher, del Likud, formación que encabeza el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
“Que su casa caiga en la ruina”, declaró Ditcher en árabe en una intervención dirigida al presidente palestino, Mahmud Abás.
Las autoridades israelíes aseguraron en enero que «la ANP gastó en 2017 unos 300 millones de euros en pagos a palestinos encarcelados por cometer ataques y a sus familias, lo que consideran una incitación al terrorismo».
Según el Ministerio de Defensa, la Autoridad Nacional Palestina destina un salario mensual de por vida de unos 2.300 euros a los prisioneros palestinos que cumplen sentencias de entre 20 y 30 años, mientras que entrega un sueldo de unos 468 euros al mes a aquellos presos que cumplen penas de entre tres y cinco años.
Además, indica el mismo Ministerio, que cita datos extraídos de la ANP, los prisioneros palestinos que están casados, tienen hijos, viven en Jerusalén o tienen ciudadanía israelí reciben pagos adicionales.
La legislación palestina obliga a hacerse cargo de los presos en Israel, al considerarlos prisioneros políticos, aunque muchos de ellos cumplen sentencia por cometer ataques contra israelíes.
Estados Unidos aprobó en marzo pasado una ley para regular estos fondos, que incluye reducciones de financiación si la Autoridad Nacional Palestina no deja de entregar a los familiares de presos una asignación mensual
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