JEP imputa a tres militares colombianos por crímenes de lesa humanidad

La imputación de estos tres militares se enmarca en la investigación de la JEP sobre más de 6,400 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia entre 2002 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe. Este nuevo paso busca romper la impunidad en un fenómeno sistemático donde jóvenes de bajos recursos fueron presentados falsamente como bajas en combate para inflar resultados militares.

JEP imputa a tres militares colombianos por crímenes de lesa humanidad

Autor: El Ciudadano México

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a tres oficiales del Ejército por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2005 y 2008, en el marco de una red criminal que operaba dentro de la Brigada XVI del Ejército Nacional en el departamento de Casanare. Las víctimas, en su mayoría jóvenes campesinos e indígenas, fueron presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate.

Los imputados —el teniente coronel Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, el sargento Jaime Luis Olivera Arrieta y el subteniente Gustavo Alberto Parada Cuéllar— fueron señalados como coautores de homicidio y desaparición forzada. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP los identificó como “máximos responsables” de estos crímenes, que constituyen violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

Según la JEP, estos actos forman parte del llamado Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”. En este subcaso específico, los crímenes ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), periodo en el que se registró el mayor número de ejecuciones extrajudiciales.

“La magistratura decidió imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad”, señaló la JEP en un comunicado. Esta decisión se suma a la imputación previa, en la que 24 de 26 exmilitares aceptaron su responsabilidad en septiembre de 2023.

Los imputados tendrán 30 días para responder y decidir si reconocen su culpabilidad y se acogen al componente restaurativo del proceso. Esta jurisdicción transicional fue creada a partir del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, como un mecanismo para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.

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La JEP ha documentado al menos 6,402 casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, en 31 de los 32 departamentos del país, lo que demuestra el carácter sistemático de esta práctica. Las víctimas fueron en su mayoría jóvenes de bajos recursos, utilizados para inflar cifras de éxito militar.

Fotografía: Redes

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