El juez alemán Christoph Flugge, de alto rango de la Corte Penal Internacional (CPI) de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), presentó este jueves su renuncia luego que el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) amenazara a los juristas que investigan presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad ejecutados por las tropas estadounidenses durante su invasión en Afganistán.
En un despacho publicado por RT, el juez alemán declaró al periódico Die Zeit que decidió renunciar después de las amenazas abiertas provenientes de funcionarios estadounidenses, entre ellas el discurso pronunciado en septiembre de 2018 por John Bolton, el asesor presidencial de seguridad nacional.
En ese discurso, Bolton arremetió contra los jueces de la CPI e intentó justificar las acciones bélicas del ejército estadounidense así como también de agentes de la Agencia Central de Información (CIA, por sus siglas en inglés) que habrían abusado de civiles, familias, mujeres y niños tras vulnerar la soberanía del territorio afgano.
Bolton dijo en esa ocasión que las acusaciones contra los militares y agentes estadounidenses eran «totalmente infundadas e injustificables» y por tal razón prometió tomar represalias.
Flugge recientemente había participado en investigaciones preliminares de denuncias sobre la implicación de miembros del servicio militar de EE.UU. y la CIA que habrían torturado a prisioneros en Afganistán.
«Si estos jueces interfieren en los asuntos domésticos de EE.UU. o investigan a un ciudadano estadounidense, el Gobierno estadounidense haría todo lo posible para garantizar que estos jueces ya no puedan viajar a EE.UU. y que tal vez incluso serán procesados penalmente», explicó Flugge sobre la amenaza que lanzó Bolton, el mismo funcionario que hoy amenaza con invadir militarmente a Venezuela para apoderarse del petróleo, entre otras riquezas minerales y naturales de la nación suramericana.
«El asesor de seguridad estadounidense pronunció su discurso en un momento en que La Haya estaba planeando realizar investigaciones preliminares sobre soldados estadounidenses que habían sido acusados de torturar a personas en Afganistán. Las amenazas estadounidenses contra los jueces internacionales muestran claramente el nuevo clima político. Eso es impactante. Nunca había escuchado semejante amenaza», agregó el juez alemán.
El discurso de Bolton tuvo lugar un año después de que la CPI comenzara a investigar las denuncias de que al menos 61 personas detenidas en Afganistán habían sido torturadas por tropas estadounidenses y otras 27 por la CIA en prisiones secretas en el país asiático y en el extranjero.
Flugge dijo que sus colegas estaban «sorprendidos» que «EE.UU. lanzara una artillería tan pesada», pero agregó que «es coherente con la nueva línea estadounidense: ‘Somos el número 1 y estamos por encima de la ley'».
Juez de la CPI busca culpables de crímenes de lesa humanidad ejecutados en Afganistán y otros países desde 2003
Por su parte, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien solicitó la autorización de los jueces de ese tribunal para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en Afganistán, acotó que la instancia busca dar con los culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país desde 2003.
«La Oficina de la Fiscal ha examinado la situación en ese país desde el 2006», y después de «un exhaustivo y minucioso análisis de la información disponible, aplicando los criterios jurídicos aplicables del Estatuto de Roma, la fiscal ha determinado que existe una base razonable para proceder con una investigación de la situación en Afganistán», señala el comunicado de la CPI.
Bensouda pretende investigar los presuntos crímenes cometidos en Afganistán desde mayo del 2003, así como los delitos vinculados con el conflicto armado afgano pero que fueron perpetrados en otros países desde julio del 2002, como prisiones clandestinas desplegadas por la CIA en diferentes naciones donde torturaba a los presuntos sospechosos de terrorismo.
La investigación por crímenes de guerra también busca dar con los culpables de los crímenes cometidos en centros de detención secretos de EE.UU.
En caso de que la solicitud de la fiscal sea autorizada, esta procederá a «investigar y enjuiciar» a los culpables «de forma independiente, imparcial y objetiva».
Pero si la CPI logra dar con los culpables, seguramente los responsables no pagarán por sus crímenes, pues la corte no tiene jurisdicción sobre EE.UU. debido a que Washington no ratificó el Estatuto de Roma en el 2002.
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