Un juez federal de Massachusetts ha bloqueado temporalmente el ultimátum que exigía a más de dos millones de funcionarios estadounidenses decidir sobre su dimisión, bajo un polémico plan impulsado por el empresario Elon Musk. La medida, parte de una estrategia de la administración del presidente Donald Trump para reducir el gasto público, ofrecía a los trabajadores públicos la posibilidad de dimitir con ocho meses de sueldo como indemnización si aceptaban la propuesta.
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El plan, conocido como «dimisión en diferido», prometía mantener los salarios y beneficios de los empleados hasta la fecha límite, pero también los obligaba a renunciar a cualquier acción legal futura. Los funcionarios tenían nueve días para decidir si aceptaban las condiciones.
La acción legal para detener este proceso fue impulsada por el sindicato de funcionarios más grande del país, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), y otras organizaciones, argumentando que el plan imponía un ultimátum «arbitrario, ilegal y demasiado breve». Ante la presión, el juez federal ordenó suspender el plazo, fijando una nueva audiencia para el próximo lunes.
Este freno judicial se da en medio de una serie de iniciativas del gobierno de Trump, apoyadas por Musk, para reducir el tamaño de la administración pública, una política que ha generado una fuerte oposición entre los trabajadores y organizaciones sindicales.
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