El lunes 19 de octubre se puso en marcha en Madrid, España, el juicio contra los militantes internacionalistas Dabib Soto, Unai Vázquez, Aritz Ganboa, Gabi Basañez y Walter Medellin y las organizaciones vascas Askapena, Elkartrukey Herriak aske por luchar en favor de los derechos del País Vasco.
Para los acusados, el juicio es otra muestra más del cómo el Estado español ataca y reprime a toda la disidencia vasca.
En la segunda semana del proceso judicial se llevan a cabo las declaraciones de los testigos de la defensa y las pruebas peritales. Tras estos pasos, la Audencia Nacional estaría lista para dictar sentencia, la cual podría tardarse algunos meses o años.
Los 5 internacionalistas vascos están acusados de participar en foros internacionales y movilizaciones en contra de la empresa Coca cola y en el boicot contra el Estado israelí. Para el Gobierno español, todas estas acciones eran ordenadas desde la cúpula de la organización armada ETA.
Ante tales argumentos, Unai Vázquez, uno de los acusados, responde que el juicio representa un golpe contra la disidencia vasca. Señala que es un proceso judicial que vulnera el proyecto independentistas y socialista vasco, el movimiento popular e internacionalista, y representa un ataque contra los derechos civiles y políticos del pueblo vasco.
El acusado señaló que la causa contra él y sus compañeros es un juicio político dirigido desde el Estado español, ya que se da en medio de la Audencia Nacional, un tribunal de excepción y heredero de la justicia franquista, con jueces elegidos a dedo, lo cual vulnera la posibilidad de un juicio justo.
Una de las abogadas defensoras, Amaia Izco, ha dicho que la acusación del Estado radica en que Askapena realiza sus acciones por orden de ETA.
Izco destaca que esta idea es la que ha usado el Estado español para ilegalizar varias organizaciones y movimientos en el País Vasco.
Para la letrada, la acusación contra Askapena no tiene base probatoria y es una idea mantenida por la tesis de “todo es ETA” y soportada por las declaraciones de un policía que es experto en temas de antiterrorismo.
La abogada sostiene que el argumento proviene de la tesis esgrimida por el juez español Baltazar Garzón, la cual indica que toda organización que defienda los derechos civiles y políticos del País Vasco esta vinculada a ETA.
Izco sostiene que la tesis de Garzón ha servido para pasar por encima de los derechos civiles, políticos, de reunión y de manifestación de muchas personas en la comunidad autónoma.
Según Katu Arconada, uno de los testigos de los acusados, con este juicio el Estado trata de condenar y criminalizar la militancia que lucha por los derechos civiles y sociales del pueblo vasco. Arconada sentencia que a pesar del fin de la lucha armada, el Gobierno sigue persiguiendo a independentistas vascos y el internacionalismo de pueblo a pueblo.
El testigo denuncia la hipocresía del juicio y del Estado español, que acusa a otras naciones como Venezuela de violar los derechos humanos y, por otro lado, España sigue persiguiendo y violando los legítimos derechos de los ciudadanos del País Vasco.
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