«Primero no podía flotar y ahora no puede atracar». Son los submarinos que ordenó construir el Ministerio de la Defensa de España y que ahora deberán deambular errantes porque no hay muelle en el país que les sirva de puerto. El hecho que probablemente implique irregularidades administrativas es también objeto de burlas en el mundo. The New York Times lo refleja tanto como «locura» como «irresponsabilidad».
Inicialmente, las naves tenían un problema: el sobrepeso. Los S-80 se habían desviado 125 toneladas en su peso, lo que suponía que, una vez hundido, podría no volver a la superficie. La solución del astillero público Navantia pasó por un total rediseño de la nave, ampliando su eslora en 10 metros. De esta manera, su costo de producción se elevó en 443 millones de euros por cada uno de los cuatro submarinos encargados, 1.772 millones en total.
Sin embargo, esta ampliación trae ahora otro problema: el nuevo submarino S-80 plus es tan grande que no cabe en la base naval. Y esto también tiene coste: 16 millones de euros más que Defensa tendrá que pagar para dragar y ampliar las fosas de atraque de la base naval de Cartagena (Murcia) para que la nueva embarcación consiga atracar en los muelles.
Desde 2004 esperan a los submarinos
La historia comenzó en 2004. El presupuesto inicial de los cuatro submarinos españoles era de 2.132 millones de euros que, tras catorce años de proyecto, se ha visto prácticamente duplicado hasta alcanzar los 3.907 millones. Ahora, la Armada española espera que el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, apruebe la financiación para que su construcción no se paralice y el primer submarino pueda estar operativo en 2031.
Gastos y más gastos
Tras la ruptura del acuerdo de Navantia con el astillero francés DCNS en 2010, la empresa española firmó un acuerdo con la estadounidense Electric Boat, por cuyo asesoramiento para construir los nuevos S-80 plus tendría que desembolsar 14 millones de euros adicionales.
Pero hay más. El retraso de la entrega de estos cuatro nuevos submarinos ha supuesto que Defensa tenga que alargar la vida de las embarcaciones antiguas que ya tendrían que haberse jubilado. A dos de los tres subacuáticos de la serie anterior se les ha realizado una revisión exhaustiva para que puedan seguir operativos. La factura asciende a otros 86 millones de euros.
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