La infanta Cristina imputada por lavado de dinero y fraude fiscal

En el auto de transformación, el juez concluye que deben continuar imputados Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina; Diego Torres y su esposa, Ana Maria Tejeiro, así como Jaume Matas, expresidente de Balears.

En cambio, acuerda el sobreseimiento provisional para Carlos Garcia Revenga, secretario personal de la infanta, Mario Sorribes, Miguel Zorio y Alfonso Grau, entre otros.

Castro ha dado traslado de este auto a las partes personadas, en donde describe los hechos y los posibles responsables, con el fin de que respondan si se abre juicio oral contra todos ellos o se archiva el caso.

En el procedimiento abreviado no existe auto de procesamiento, por lo que la resolución judicial de hoy equivale a un auto de calificación de un procesamiento.

En total, son quince las personas que continúan imputadas, como son los hermanos de la mujer de Torres, Miguel y Marco Antonio Tejeiro; el ex director general de Deportes de Baleares, José Luis «Pepote» Ballester; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, y el ex secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón y la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen.

El auto no es firme y supone el cierre de la pieza 25 del caso Palma Arena y que es conocida como caso Nóos. Es recurrible en reforma ante el mismo juez y en apelacion ante la Audiencia de Palma. El magistrado da un plazo de veinte dias para que las acusaciones formulen sus escritos ante el juzgado solicitando la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento

Este auto supone también el primer paso para que Iñaki Urdangarin sea juzgado.

En concreto, Castro considera a la hermana del rey cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, al sostener que su papel fue imprescindible para que Urdangarin pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008. Y lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son propietarios, Aizoon, al facturar a través de la misma —como rendimientos de actividades económicas— las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor.

Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. El propio Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió el esposo de Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales. Es más, Aizoon era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que Cristina, como socia al 50% de Aizoon, de estos ingresos presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo.

El juez Castro ha manifestado que «se ha cerrado un ciclo» al ser preguntado por los periodistas a su llegada esta a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, a las 7.20 horas, para notificar el auto.

Al ser inquirido sobre si se encuentra satisfecho tras cuatro años de investigaciones, el magistrado ha respondido: «Bueno, aún no se ha acabado, todavía hay recursos y queda trabajo por hacer». En cuanto a la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción recurra su resolución, el juez ha aseverado que «está en su derecho» y que «es lógico».

Fuente: publico.es