La justicia europea avala acabar con los recargos abusivos de las aerolíneas. El Tribunal de Justicia de la UE se ha pronunciado este jueves contra este tipo de tarifas en el transporte aéreo esgrimiendo que la directiva europea de cláusulas abusivas permite intervenir sin que eso suponga atentar contra la libertad de las compañías de fijar los precios que estimen oportunos. «Las normas generales que protegen a los consumidores frente a las cláusulas abusivas también se aplican a los contratos de transporte aéreo», dice la sentencia.
El dictamen llega después de que la justicia alemana consultara a los tribunales europeos en torno a la decisión de Air Berlin de incluir entre sus condiciones generales una cláusula por la que cobra 25 euros en concepto de gastos de tramitación a los pasajeros de tarifa económica que anulen su reserva o no se presenten a embarcar. El pago de esa cantidad, que la aerolínea germana resta de la cuantía final que devuelve al cliente, fue denunciada por la Unión federal alemana de centrales de consumidores. La organización la considera desproporcionada alegando que las aerolíneas están obligadas por ley a efectuar la devolución, por lo que no deben trasladar coste alguno al cliente.
Además, la entidad ha cuestionado las prácticas de Air Berlin en el desglose del precio final del billete. Creen que la compañía no informa correctamente de los costes reales que componen el importe definitivo, tales como los impuestos y las tasas, lo que puede llevar a error al consumidor e incumple las normas sobre transparencia. Al respecto, el TJUE ha recordado la obligación de las compañías aéreas de detallar por separado los impuestos, tasas y demás cánones o recargos en lugar de incluirlos en la tarifa sin informar.
Air Berlin atraviesa actualmente un momento difícil. La compañía está fuertemente endeudada, la cifra de pasajeros ha caído y los retrasos y cancelaciones se han sucedido en fechas recientes. Durante el primer trimestre de 2017 registró unas pérdidas diarias de tres millones de euros, y ha solicitado un aval de rescate a los gobiernos regionales de Berlín y Renania del Norte-Westfalia. Entre sus destinos hay 30 ciudades españolas.