La historia reciente -en Grecia- ha demostrado que el endeudamiento externo se paga con un interés altísimo y condiciones de ajuste brutales, para solo terminar empeorando las condiciones de vida de la clase trabajadora
Christine Lagarde fue la responsable de negociar el peor endeudamiento histórico de Grecia. Luego, hizo lo propio con la Argentina de Mauricio Macri, país que inundó las calles para protestar ante la nueva presencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus tierras, por ser una de las instituciones que llevó al país suramericano a vivir una de sus peores crisis financieras en 2001.
En ese mismo orden y con un acercamiento muy estrecho marcha el Ecuador de Lenín Moreno, quien llegó al poder gracias al apoyo del expresidente Rafael Correa (2007-2017), y a quien no dudó en traicionar para alinearse con los intereses de la burguesía ecuatoriana que llevó al país andino a sus peores momentos de miseria y pobreza.
Así como el pueblo griego ha sufrido por más de nueve años los duros embates e imposiciones del FMI y sus aliados comerciales, los argentinos ya viven el recrudecimiento de las medidas antisociales y en Ecuador la perspectiva parece no tener buenas esperanzas para la clase trabajadora y los estratos más desfavorecidos.
Los negocios transados con Lagarde por parte de Macri y Moreno parecen no estar en riesgo alguno, sobre todo porque el encargado que ha dejado Christine es alguien que ya demostró seguir el paso de su antecesora, para así mantener la ‘benevolente’ política ‘salvadora de naciones’ que rige al FMI y sus directivos.
El abandono «temporal» de Lagarde del FMI, poco más de un año después de haber estrechado la mano de Macri, no se produce por la puerta de atrás, todo lo contrario, lo hace para ir por más, esta vez para postularse a la titularidad del Banco Central Europeo, una instancia que requiere una cabeza que le peso al resurgir del neoliberalismo, el conservadurismo y la extrema derecha en el viejo continente.
Ya el «rescate» por al menos 56.000 millones de dólares del FMI para Argentina está asegurado, así como la deuda que por más de 100 años tendrán que cargar a cuestas los argentinos tras este pacto draconiano.
No cabe duda que las relaciones entre el FMI y la cúpula Macri están bien. Pero, lo que no se sabe es que al ya no estar la exministra francesa de Economía y Finanzas, quizás el reemplazante de Lagarde quiera ir por más y no sea «tan complaciente».
La historia reciente ha mostrado que el endeudamiento externo -que se paga con un interés altísimo y condiciones de ajuste brutales- sólo empeora las condiciones de la clase trabajadora.
Los ejemplos están en cada uno de los países tocados por el FMI, donde los gobiernos dicen tomar las deudas para hacer frente a compromisos internos y pagos, pero luego terminan pidiendo más dinero para poder cancelar los intereses de la deuda contraída.
Lagarde fue «muy flexible» con Macri
Según un despacho de Bloomberg, «dos personas con conocimiento directo» en las negociaciones del FMI y Macri aseguran que Lagarde «fue muy flexible».
«Habló con frecuencia por teléfono con Macri y le recalcó en una reunión en diciembre que debía gastar en programas sociales para proteger a los argentinos de los dolores de cabeza propios de la austeridad. Asimismo, mantenía un chat de WhatsApp con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, consignaron las fuentes, que pidieron no revelar su identidad», acotó el medio.
«Está claro que Lagarde apostó su reputación en este rescate. Este fue el mayor préstamo en la historia del FMI y representa una enorme responsabilidad para el Fondo, por lo que cualquier director gerente invertiría capital personal para mostrarle a Argentina la flexibilidad que necesita para salir del otro lado», comentó Benjamin Gedan, director del Argentina Proyect del Wilson Center, citado por Bloomberg.
Gedan, además, resaltó que la postura de Estados Unidos sobre Argentina será la que finalmente determine el futuro del acuerdo.
El mismo medio reseña que, de acuerdo con «un funcionario del Gobierno argentino», la relación de confianza de Lagarde con Macri y Dujovne hizo que la negociación y la supervisión del acuerdo fueran más fáciles.
«Sin embargo, su partida no cambia nada en lo que respecta al convenio, porque el apoyo principal vino de los miembros del FMI que financiaron el acuerdo. Además, Dujovne ya conoce muy bien al director gerente interino del FMI, David Lipton, aseguró el mismo funcionario, quien también pidió mantener su anonimato», agrega el medio estadounidense.
El paquete del FMI al Gobierno de Macri fue respaldado por Washington, principal financista del Fondo, junto a Japón, Europa y Canadá.
Lipton está en sintonía con Lagarde y Macri
El reemplazante de Lagarde, David Lipton, no tardó mucho en demostrar que está alineados y en fina sintonía con su antecesora. Apenas llegó a la jefatura del FMI, felicitó al Gobierno argentino por su «programa» y le dió un nuevo desembolso por 5.400 millones de dólares.
Sin embargo, el dinero podrá ser utilizado por la administración Macri una vez lo apruebe el directorio del organismo. Este monto representaría una sumatoria de 44.000 millones de dólares, del total pactado por 57.000 millones durante los próximos tres años.
“Me complace anunciar que el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo», confirmó Lipton.
La próxima reunión del directorio del FMI está programada para el viernes 12 de julio. Efectivamente, el dinero llegaría al Banco Central argentino el martes 16 de julio.
«Elogiamos a las autoridades argentinas por sus continuos esfuerzos y la implementación firme de su programa de política económica. Las autoridades completaron todos sus objetivos fiscales, monetarios y de gasto social en el marco del programa respaldado por el FMI en el contexto de esta revisión», subrayó Lipton.
«(…) Las políticas económicas de Argentina están dando resultados (…) Apoyo plenamente los esfuerzos de Argentina para reforzar la confianza, sentar las bases de un crecimiento sostenible y proteger a los más vulnerables», dijo Lipton, a pocos días de la muerte por frío de un hombre a pocas cuadras de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.
El funcionario del FMI agregó que «la implementación firme de los compromisos y políticas de las autoridades en el marco del programa económico respaldado por el FMI de las autoridades será crucial para seguir avanzando».
Realidad en la Argentina de Macri tras el pacto
El deterioro de la economía de Argentina sigue desbordándose e impactando negativamente sobre todos los sectores. De acuerdo con cifras del propio FMI, el desempleo en vez de disminuir se mantendrá en alza, como mínimo, hasta 2020.
A esto se suman las estadísticas del Gobierno de Macri desde 2016, que durante tres años consecutivos presenta un 30 % acumulado en las carencias de empleo, mientras la pobreza agrede a 13 millones de personas.
Los despidos superan los 200.000 puestos de trabajo bajo la administración Macri. En 2018, el desempleo llegó a 9,2 % y para 2019 se espera que alce al menos al 10 %. Estas cifras fueron presentadas el martes 9 de abril por el FMI en su informe sobre las perspectivas de la economía mundial para 2019 y 2020, documento en el que se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) argentino caerá 1,2 % este año.
Para el FMI “es fundamental que se continúe con el plan respaldado por el FMI”, a pesar de que las cifras indican que la inflación relacionada con los “precios al consumidor” también continuará creciendo: 43,7 % en 2019 y 23,2 % para 2020.
Las negociaciones con el FMI, así como una serie de políticas erradas en materia económica, han llevado a que Argentina ocupe -en la actualidad- el primer puesto del listado de los países más endeudados de América Latina, con 307.656 millones de dólares a cuestas y unas cifras de pobreza en aumento continuado.
Las negociaciones con el FMI han incrementado la crisis económica, y eso lo ratifica el “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que detalla que el Gobierno de Macri produjo que el país alcanzara una deuda pública de 77,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) durante el tercer trimestre de 2018.
Este porcentaje de deuda sólo incluye el primer desembolso del préstamo del FMI por 15.000 millones de dólares, efectuado en junio de 2018. El endeudamiento de Argentina podría llegar a más del 90 % de su PIB. En 2017 la deuda era de 56,6 % respecto al PBI.
Las negociaciones del FMI y el Gobierno argentino implican que los directivos del FMI realicen un monitoreo constante de las cuentas del país suramericano, para revisar que se cumpla con el convenio pactado y así decidir si girar o no más dinero.
Bajo este patrón, el pasado viernes 5 de abril el Fondo aprobó un nuevo desembolso por 10.870 millones de dólares, aun cuando estima que “los riesgos a la baja para la economía siguen siendo importantes” y que las preferencias de los inversionistas se “podrían desviar” “en detrimento de los activos en pesos y generar presiones sobre la moneda y la cuenta de capital”.
En otras palabras, la advertencia del FMI es que el peso argentino podría volver a sufrir una nueva devaluación frente a otras divisas más estables y, en ese sentido, quienes tengan grandes sumas de dinero apuesten por sostener sus capitales en otra moneda debido a que el peso no brinda garantías.
Las protestas por los despidos masivos y las negociaciones con el FMI han llegado a todos los ámbitos de la nación. En la tercera revisión del Directorio Ejecutivo del FMI sobre Argentina, concluyeron: “La actividad económica se contrajo en 2018, pero hay indicios de que la recesión ha tocado fondo, y se espera una recuperación gradual en los próximos trimestres. Sin embargo, la inflación sigue siendo elevada; las expectativas inflacionarias están aumentando y la inercia inflacionaria resulta difícil de quebrar”.
La crisis económica que atraviesa el país golpea la imagen del presidente Macri y compromete sus deseos de lograr un nuevo mandato en las elecciones generales de octubre venidero.
Moreno pone en riesgo el futuro de los ecuatorianos
En febrero de 2019 se dio la noticia que Lagarde había negociado otro paquetazo en Suramérica. Esta vez fue el Gobierno de Lenín Moreno, quienconcretó el negocio y dejó el futuro de los ecuatorianos en manos del FMI, el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Fondo de Reserva Latinoamericano (FLAR).
La decisión fue tomada a pesar de las duras críticas realizadas por la gran mayoría de la población contra las medidas neoliberales del régimen ultraderechista que encabeza Moreno junto al tradicional bloque empresarial y conservador que estuvo en el poder antes de la llegada de la Revolución Ciudadana.
Moreno pactó con ese grupo de entidades financieras, reconocidas por su corte neoliberal y por inducir a los gobiernos a aplicar duras medidas económicas contra la población, sobre todo en aquellas políticas destinadas a la inversión social y protección del pueblo, para así endeudar al país por más de 10.200 millones de dólares.
El anuncio lo hizo el propio Moreno durante la noche del miércoles 20 de febrero de 2019, al informar que Ecuador había alcanzado “un acuerdo técnico con el FMI” con pagaderos de hasta 30 años. En otras palabras, el país quedaría endeudado durante al menos las próximas tres décadas.
La información de Moreno fue confirmada el 21 de febrero de 2019 por el propio FMI, al notificar que el acuerdo alcanzado con Ecuador “es del tipo Servicio Ampliado (SAF)”, y “se trata de un crédito que, a diferencia del de tipo Stand-By, otorga al país más plazo para implementar un programa económico y también más tiempo para reembolsar los recursos”.
El FMI divulgó que la primera “ayuda financiera” será de 4.200 millones de dólares. Sin embargo, el acuerdo -que tiene un plazo de pago de tres años- aún no entrará en vigencia hasta que sea aprobado en el Directorio Ejecutivo del FMI, la misma instancia que dictará la receta neoliberal que deberá aplicar el régimen de Moreno contra los ecuatorianos.
Anna Ivanova, jefa de la misión del FMI para Ecuador, explicó que, además del monto pactado con el FMI, como parte del acuerdo, Ecuador recibirá apoyo financiero de casi 6.000 millones de dólares en los próximos tres años provenientes del BM, CAF, BID, BEI, AFD y FLAR, para sumar los 10.200 millones de dólares.
Además, indica el FMI que la cuota otorgada a Ecuador supera el 435 % de lo que le debería corresponder al país suramericano, que durante la gestión de Moreno ha ampliado su deuda a 8.800 millones de dólares.
De acuerdo con estimaciones del FMI, para el 11 de febrero el indicador que mide la capacidad de pago de Ecuador se ubicaba en 706 puntos, es decir, la segunda economía con el riesgo más elevado de la región, sólo superada por Venezuela, país que actualmente sufre un bloqueo financiero y brutales sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus gobiernos aliados en Latinoamérica (entre ellos Ecuador) y Europa.
La perspectiva económica de Ecuador y del Gobierno de Moreno no es confiable y se perfila a seguir los nefastos pasos de Mauricio Macri en Argentina, con una deuda actual superior a los 130.000 millones de dólares.
Las negociaciones entre el FMI y el régimen de Moreno se realizan desde enero de 2019. Una vez el directorio del FMI apruebe la “ayuda” para Ecuador, Moreno deberá ajustar sus políticas económicas al dictamen del organismo, y el primero de ellos es crear “un plan con ajustes económicos”, que ya ejecuta con despidos masivos en instituciones públicas y cierres de medios de comunicación del Estado, como la extinta Agencia de Noticias ANDES.
Así lo explica la carta de intención firmada entre Quito y el FMI, que ya advierte que los desembolsos del FMI dependerán única y exclusivamente del cumplimiento del plan de ajustes que deberá ejecutar Moreno.
Los antecedentes del FMI en la nación meridional sólo hacen recordar al pueblo los peores momentos de miseria, exclusión, hambre y pobreza. Sin embargo, según Ivanova el plan económico presentado por Moreno brindará protección “a los pobres y los más vulnerables”.
“El plan del gobierno apunta a crear una economía más dinámica, sostenible e inclusiva y se basa en cuatro principios claves: impulsar la competitividad y la creación de empleo; proteger a los pobres y más vulnerables; fortalecer la sustentabilidad fiscal y los cimientos institucionales de la dolarización; así como mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción”, asegura la vocera del FMI.
Desde que asumió el poder, Moreno ha ejecutado una serie de “paquetazos económicos”, repudiados por la gran mayoría de la población, que ha tomado las calles para protestar contra la merma de su poder adquisitivo y su calidad de vida.
La deuda pública de Ecuador, al 31 de diciembre de 2018, se ubicó en 49.429 millones de dólares y sumado a eso, el país tiene obligaciones de otros 10.477 millones de dólares y pasivos contingentes por 4.964 millones de dólares; lo que equivaldría -al sumar estos últimos tres rubros- a una deuda total de 64.870 millones
En abril pasado, Lagarde dijo a EFE lo siguiente: “Tengo que decirles que tengo una rosa de Ecuador en mi escritorio y pienso en ellos todo el tiempo, porque sé que las autoridades están decididas a cambiar la situación en beneficio de la gente de Ecuador”
Lo que dejaron Lagarde y el FMI en Grecia
Desde hace al menos nueve años, Grecia vive una situación sumamente delicada, sobre todo desde que entró en una profunda crisis económica, política y social; que terminó en una negociación de “asistencia financiera” o “rescate” con la llamada “Troika”, un grupo conformado por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
El primer “rescate” fue en 2010 por un monto de 110.000 millones de euros, entregado en varios tramos que se fueron habilitando a medida que Grecia cumplía con las exigencias de la Troika para reducir el déficit fiscal. Este fue un Acuerdo Stand By (SBA), según las modalidades del FMI.
La segunda “asistencia” fue en 2012 por 130.000 millones de euros. Luego, a mediados de 2015, llegó un tercer “rescate”, por un máximo de 86.000 millones de euros, que se irían entregando a cambio de la aplicación de más de 200 medidas de ajuste y reformas exigidas por la Troika.
En total fueron más de 286.000 millones de euros los que desembolsó el FMI y el resto de la Troika a Grecia, pero claro está, sin fines gratuitos.
Cada euro es monitoreado con misiones permanentes del FMI instaladas en Atenas, que imponen una serie de condiciones estrictas como las siguientes: eliminación de los de los convenios colectivos de trabajo, reducción del salario mínimo, recorte del gasto en salud y despido de enfermeros y médicos.
También exigieron la reducción del gasto militar, del peso de las pensiones en el gasto estatal, del número de pensiones por discapacidad, planes de subir la edad jubilatoria (de 60 a 65 años) combinado con jubilaciones adelantadas a funcionarios del Estado, activación de un impuesto inmobiliario, aumento del IVA a 23 % y aumento del impuesto de sociedades de 26 % a 28 %.
Asimismo, se redujo la nómina del Estado con despidos masivos: de 2010 a 2014 se despidieron 350.000 trabajadores, para pasar de 930.000 empleados públicos a principios de 2010 a 570.000 en 2015.
En 2012 se cerró la radiotelevisión pública y dejaron a 3.000 trabajadores sin empleo, medida que fue revertida en 2015. También se realizó una reforma educativa que incluye la eliminación de materias en los planes de estudios, así como reducción del personal docente y disminución del financiamiento.
En las exigencias del FMI se incluyó la privatización de islas griegas, los servicios públicos y el patrimonio estatal.
Además, la Troika diseño un negocio rentable en 2011, cuando creó el fondo de privatizaciones denominado Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), cuyo objetivo inicial era la recaudación de 50.000 millones de euros a partir de la venta del patrimonio estatal griego.
Los proyectos de privatización más relevantes contemplaron los puertos de Pireo y Salónica, la venta de los 14 aeropuertos regionales y el aeropuerto internacional de Atenas a una empresa alemana (Germany Fraport) y la concesión por 35 años de la autopista Egnatia.
En las zonas costeras la privatización avanzó en las áreas de Marina donde se guardan embarcaciones y yates como las de: Pylos, Itea, Zakynthos, Alimos, Chios, y la Marina turística de Mykonos área de cruceros.
La ola privatista incluyó la totalidad del sistema de energía integrado por las empresas Hellenic Gas Transmission System Operation (DESFA), Hellenic Petroleum (HELPE), Public Power Corporation (PPC) y la Public Gas Corporation (DEPA).
En el área de telecomunicaciones se privatizó la empresa de telecomunicación Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) y la de correo Hellenic Post SA (ELTA). También se privatizó la compañía de loterías pública OPAP.
La Troika, además, intentó privatizar el agua de Atenas, pero un fallo de la Corte Suprema griega declaró esta acción como inconstitucional en 2014.
Sin embargo hubo monumentos públicos que terminaron privatizados, entre ellos el Castello Bibelli (en Corfu) y el área de Gournes Heraklion (Isla de Creta).
En la actualidad, la economía griega muestra una alarmante relación entre la deuda pública y el PIB, que en 2017 fue de 178,6 %, y que mantiene al país europeo entre los más endeudados a nivel mundial.
La tasa de desempleo sigue siendo alta, en 2017 fue de 21,05 %, y afecta principalmente a la juventud. En los menores de 25 años el desempleo llega a 45,4 %. Además, la inversión ha caído más de 60 % y es apenas un 10 % del PIB.
Los indicadores también señalan que 25 % de la población griega es pobre y ha sido, precisamente, la clase trabajadora la más golpeada por los “ajustes”.
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