Más allá definir su presidente y legisladores, los estadounidenses votaron este martes 71 referéndums sobre cuestiones que atañen a las competencias de cada uno de los 35 estados del país que convocaron las consultas.
En California se preguntó sobre la obligatoriedad del uso del preservativo en las películas porno, la conocida como “Propuesta 60” o “ley del condón”, que generó mucha controversia.
FOTO: EFE
Por un 54% de los votos, los californianos la rechazaron, algo que fue muy celebrado por la industria pornográfica que mostró una oposición central desde el inicio a la propuesta. Actores, productores y cineastas habían amenazado que si se aprobaba la ley del condón se trasladarían a Florida. Según ellos, el uso del preservativo no aumentaría la seguridad de los trabajadores como decían los partidarios de la ley.
El promotor de la iniciativa, la AIDS Healthcare Foundation de Los Angeles, aseguraba que así los trabajadores del sexo tendrían el mismo tipo de protección que tienen por ejemplo los empleados de los hospitales y no estarían tan expuestos a enfermedades infecciosas. Tanto el partido demócrata como el republicano se mostraron contrarios a la medida.
La iniciativa, que incluía importantes sanciones para aquellos que la incumplieran, especificaba que era obligatorio utilizarlo el profiláctico toda “penetración vaginal o anal con un pene” durante la grabación de las escenas. No era necesario que fueran visibles en la versión final de la película, pero los productores deberían poder demostrar que se habían utilizado.
Marihuana con fines recreativos
En California, Massachusetts, Nevada y Arizona legalizaron el uso recreativo de la marihuana.
California aprobó la medida con un 55% de apoyos, un dato similar al de Nevada y Massachussetts. La proposición 64 permitirá a quien lo desee desde este mismo miércoles fumar en casa y algunos lugares autorizados. Cada ciudadano mayor de 21 años (misma edad que para el alcohol, por ejemplo) podrá comprar, poseer y transportar 28,5 gramos de marihuana, que será gravada con un 15% de impuestos. También se podrán cultivar hasta seis plantas por persona.
El estado del suroeste es sin duda el premio gordo para la industria cannábica. Por un lado, por el impacto económico que generará. California –que en 2010 había rechazado la misma propuesta con un 53,5% de votos en contra– tiene 39 millones de habitantes y, si fuera un país, sería la quinta economía del mundo. Según los impulsores de la medida, el estado sacará un buen pellizco de la aprobación: los 2.400 millones de euros que mueve el sector actualmente en su versión medicinal legal, desde hace 20 años, pasarían a ser 5.800 millones, según algunos analistas.
Por otro, porque más que abrir una rendija para un cambio de actitud global frente a la marihuana, tal y como expresó el vicegobernador del estado, tiraría la puerta abajo, para algunos países como México o la región latinoamericana.
Además, otros cuatro estados (Florida, Arkansas, Montana y Dakota del Norte) que llevaron a las urnas la legalización de la marihuana medicinal, la aprobaron. En Florida, una versión de esta enmienda se quedó a dos puntos porcentuales de ser aprobada en el plebiscito de 2014 en este estado, aunque un año después se aprobó el uso de la marihuana para enfermos terminales.
En 2012, Colorado y Washington aprobaron el consumo de pequeñas cantidades de marihuana con fines recreativos, opción a la que se unieron posteriormente el Distrito de Columbia, donde se halla la capital federal, Oregón y Alaska.
¿Nacerá el Estado de Washington DC?
El 86% de los habitantes del Distrito de Columbia votó a favor de convertirlo en el estado número 51 de la Unión Americana. El referendo, el primero de su tipo en más de dos décadas, no es vinculante y se limita a pedir al Consejo de la ciudad hacer la petición al Congreso para que celebre un voto sobre la estadidad, a fin de convertir el distrito en el “Estado de Washington DC”.
Sin embargo, la petición enfrentará la oposición de un Congreso que continuará en manos de los republicanos por los próximos dos años.
El estado 51 de la Unión tendría su propia constitución, con límites geográficos y con una forma representativa de gobierno. Para evitar problemas como sede de los poderes de la federación, se preservó un “distrito federal” que comprende la zona donde se asientan la Casa Blanca, el Congreso y la Suprema Corte.
Desde la concepción de la ciudad en 1790, los washingtonianos carecen de voto en el Congreso estadounidense y sólo pueden votar por el presidente. Aunque tienen representación con voz, no tienen la fuerza del voto en ambas cámaras legislativas. Es por eso que no pueden decidir sobre asuntos como el destino de las contribuciones fiscales de sus residentes al gobierno federal, o el de los ingresos propios.
La Constitución de Estados Unidos otorga el poder absoluto al Congreso sobre los asuntos del Distrito de Columbia, por ser sede de los poderes federales. Eso hace que mientras más de mil millones de dólares anuales son entregados por los capitalinos al Departamento del Tesoro, una cifra mayor a la de 11 estados del país, su presupuesto debe ser aprobado por el legislativo estadounidense, por lo cual la ciudad es tratada económicamente como si fuera cualquier agencia federal, como la NASA o el Departamento de Veteranos de Guerra.
En abril pasado, la alcaldesa de Washington DC, la demócrata Muriel Bowser, decidió por primera vez en la historia de la ciudad pedir autorización del Congreso federal para decidir el destino de sus ingresos por 13 mil millones de dólares para el año fiscal 2017.
La acción de Bowser fue vista como una “declaración de independencia” del Congreso, toda vez que la alcaldesa decidió empezar a gastar el dinero sin esperar a los legisladores, y como un primer paso en la nueva etapa en busca de la estatidad.
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