Un par de tuits sobre la decisión del Gobierno británico de expulsar a diplomáticos de Moscú, en respuesta al envenenamiento del ex espía ruso Serguéi Skripal y un comentario de protesta por la detención en Alemania del ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, fueron la excusa para aislar -en la embajada de Ecuador en Londres- al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

El 26 de marzo, Assange comparaba la cooperación entre los cuerpo policiales español y alemán, que facilitó la detención de Puigdemont, con la detención a manos de la Gestapo, en Francia en 1940, de Lluís Companys, también ex presidente catalán.

A partir de allí, el Gobierno ecuatoriano determinó, dos días después, restringir su conexión con el mundo exterior, así como cualquier visita al periodista australiano refugiado desde hace poco mas de seis años en sus instalaciones de la capital británica.

Se alega que «no se controló» y opinó sobre cuestiones que Quito considera perjudican su política exterior, rompiendo un acuerdo sellado por ambas partes a finales de 2017, cuya existencia niega WikiLeaks.

Asilado por miedo a que le extraditasen a Suecia, luego de ser acusado de abusos sexuales, o a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje al publicar miles de documentos filtrados de información confidencial de ese país, la policía británica también ha manifestado en múltiples oportunidades su deseo de arrestarlo, negando incluso la aprobación de un salvoconducto para que pueda abandonar Inglaterra y viajar a Quito.

Líder en la plataforma 2.0

El principal temor radica, quizás, en el poder y la repercusión que Assange tiene como líder de opinión, dada la credibilidad alcanzada por sus denuncias, sobre todo en las redes sociales, en las que sus tuits suelen superar al minuto los 10 mil «likes», con igual número de retuits.

En su favor, se han manifestado periodistas, cineastas, defensores de Derechos Humanos, dirigentes estudiantiles, arquitectos, sociólogos, historiadores, diputados, líderes de opinión, políticos y personal diplomático, entre otros. En total son al menos 260 firmantes de 30 países, quienes han emitido un comunicado denunciando el atropello del que es víctima y propinando su apoyo irrestricto.

Titulado: «Alerta por la integridad y vida de Julian Assange», en el documento se subraya su condición de ciudadano del mundo como emblema de la lucha por la democracia, y se advierte que se le ha colocado en una especie de “celda de castigo”. “La seguridad, integridad, salud mental y derechos políticos de Assange están siendo vulnerados. Llamamos al gobierno de Ecuador a restablecer las condiciones de su asilado, y ahora también ciudadano Julian Assange y a seguir insistiendo en la posibilidad de su traslado a Ecuador, para que pueda nuevamente vivir en libertad… Hoy Julian Assange está en peligro y con él también la libertad de información, expresión y autodeterminación. Tememos que se avance hasta la cancelación del asilo o medidas similares”.

La misma se suma a otra carta de este orden, publicada también el 31 de marzo, en la que personalidades como la actriz Pamela Anderson, el cantante Brian Eno, la diseñadora Vivienne Westwood y el ex ministro griego Yanis Varoufakis se dirigen al presidente Lenín Moreno para levantar la prohibición impuesta a Assange para el uso del internet.

«Si no hay libertad de expresión para Julian Assange, no hay libertad de expresión para ninguno de nosotros», dice el texto firmado por unas 20.000 personas.

A esta, se suman denuncias propinadas por afectos al fundador de WikiLeaks en las que se subraya que la línea entre publicar unos comentarios en Twitter e interferir en los asuntos de otro Estado es difícil de establecer.

Las acciones en su contra distorsionan el mandato de Naciones Unidas de febrero de 2016 recomendando su “libertad inmediata”, que señala que el confinamiento es una “detención arbitraria” contra el editor de WikiLeaks, red informativa que denunció y expuso, en los últimos diez años, tratados comerciales, vigilancia masiva, ataques contra civiles, torturas y asesinatos cometidos por los gobiernos de EEUU y otros países en Irak, Afganistán, Yemen y Siria, cumpliendo con la defensa del derecho de la gente a estar informada, a saber la verdad.

Ecuador se afinca

Las acusaciones impuestas por el gobierno de Lenín Moreno se escudan en «el deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero, previsto en el artículo 38 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre«, subrayando que las convenciones sobre Asilo Diplomático de 1954, sobre Asilo de 1928 y el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de 1939 contienen disposiciones que determinan que, mientras dure el asilo, los asilados no podrán practicar actos que alteren la tranquilidad pública o que tiendan a participar o influir en actividades políticas.

Tampoco podrán intervenir en la política interna del Estado territorial.