Las dos principales organizaciones sindicales de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), manifestaron este martes su preocupación por el aumento del desempleo, que registró su mayor repunte en el mes de enero desde el año 2014.
«Los datos publicados revelan la continua precarización en el empleo», denuncia María del Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT.
De acuerdo con los datos publicados este martes por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, el desempleo creció un 2,8 por ciento (90.000 personas) en el mes de enero, alcanzando la cifra de 3.253.853 personas paradas.
En términos interanuales el número total de parados se sitúa un 5,02 por ciento (93.000 personas) por debajo de enero de 2019, pero esa mejoría general sigue sin tapar algunas de las deficiencias estructurales del mercado laboral español, marcado por la alta estacionalidad y el carácter temporal del empleo.
Durante el mes de enero en España se firmaron 1,7 millones de contratos, de los cuales 1,5 fueron contratos temporales.
«Sólo un 6,4 por ciento de los contratos firmados son indefinidos y a tiempo completo, y solo el 65 por ciento de los trabajadores en paro disfrutan de una prestación por desempleo», denuncia María del Carmen Barrera.
UGT emitió un comunicado este martes en el que señala a la reforma laboral acometida por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy en 2012 como una de las principales causas de las deficiencias del mercado de trabajo.
Esa reforma sirvió para incentivar la creación de empleo en los años posteriores a la crisis económica, pero a costa de poner facilidades al despido, fomentar la temporalidad y minar la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores, entre otras cosas.
«Es preciso reponer los derechos de los trabajadores y derogar en su totalidad la reforma laboral, que sólo ha conseguido precarizar las condiciones laborales», señala UGT.
El actual Gobierno de España, compuesto por una coalición de formaciones progresistas, se comprometió a derogar los «aspectos más lesivos» de la reforma laboral de Rajoy, aunque por el momento se desconoce cuál será el alcance concreto de esa contrarreforma.
La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó recientemente que el Gobierno comenzará por derogar parte del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, modificado en 2012 para introducir mecanismos por los que se permite el despido a trabajadores que se ausenten de su puesto de forma reiterada incluso cuando se trate por una enfermedad probada.
Díaz situó la derogación de este mecanismo como una prioridad por motivos de «derechos humanos», pero todavía se desconoce qué pasará con el resto de la reforma laboral.
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, valoró como «malos» los datos del paro y, en una entrevista con Radio Nacional de España, pidió al Gobierno huir de las recetas europeas en materia económica para revertir l situación.
«Si se prioriza la ortodoxia macroeconómica de reducción de déficit y deuda sin tocar la fiscalidad, el empleo se generará muy despacio», señaló.
Mientras los sindicatos centraron sus críticas en la reforma laboral, desde el conservador Partido Popular –la primera fuerza de la oposición en España– culparon directamente al Gobierno por el aumento del paro.
«En cuanto el PSOE llega al gobierno vuelve la crisis y el paro», escribió en redes sociales el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
En las últimas semanas, el Partido Popular se mostró especialmente crítico con la reciente decisión del Gobierno de subir hasta los 950 euros mensuales el salario mínimo interprofesional, augurando que el desempleo irá a peor en los próximos meses.
Desde el Gobierno, el Ministro de Agricultura, Luis Planas, respondió este martes afirmando que la subida del salario mínimo es irreversible y planteó que las dificultades que por ejemplo atraviesa su sector –uno de los más castigados por la precariedad– no se deben al sueldo de los trabajadores sino a otras cuestiones, como la ausencia de mecanismos que garanticen precios justos para los agricultores.
Fuente: Sputnik
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