A través de un «memorándum de entendimiento» firmado el pasado 14 de septiembre de 2016, Estados Unidos prometió a Israel la inyección de $38 mil millones de dólares en gastos de seguridad para los próximos 10 años, reemplazando un acuerdo similar que fue sellado en la administración Bush.
El gobierno de Obama planteó dos condiciones: primero, que Israel ya no podrá hacer lobby en el Congreso, con su embajada y organizaciones afines, para obtener fondos adicionales; segundo, que un mayor porcentaje de la ayuda tendrá que caer en manos de contratistas militares de EEUU, y no de Israel.
Grant Smith, autor del libro Big Israel: How Israel’s Lobby moves America, advirtió que la letra chica del acuerdo alcanzado por la Casa Blanca hace improbable que se cumplan esas disposiciones. «Los más preocupante es que el MOU (memorándum) concede a Israel un cheque en blanco para iniciar guerras contra sus vecinos, manteniendo la provisión de alimentos y combustible que las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) necesitarán para los conflictos», afirmó.
El 22 de diciembre, el Departamento de Estado norteamericano liberó por primera vez el documento completo. Ello en virtud de una solicitud de Libertad de Acceso a la Información (FOIA) y cuestionamientos sobre la legalidad de la asistencia militar estadounidense. «Programas anuales detallados y cláusulas de protección dentro del MOU parecen refutar las versiones de que el paquete será gastado absolutamente en Estados Unidos, en contraste con el anuncio de la Casa Blanca», agregó Smith.
Al dar a conocer su propuesta, Obama destacó el supuesto fin de «anomalías» en la financiación de la industria de exportación de armas de Israel y la escasa compra de hardware militar estadounidense. No obstante, «bajo el nuevo memorándum, el 28% de los fondos podrían ser gastados en Israel… si solo $1.2 mil millones anuales se invierten, como cita el memorándum, en (el item de) ‘equipamiento militar avanzado’, ello podría permitir que Israel compre bienes de EEUU pero con bajo valor agregado, como alimentos y combustible… para sus vehículos y aeronaves».
Nada asegura, indica Antiwar, que los contratistas americanos reciban los $1.2 mil millones, «porque el MOU no especifica si las franquicias militares israelíes con base en EEUU, como IAI North America y Elbit Systems of America, cuentan como vendedores ‘israelíes’ o ‘estadounidenses'».
En palabras simples, el memorándum – al igual que el anterior, subrayó Smith – sigue permitiendo el subsidio de suministros básicos para la guerra, más allá de la infraestructura de alta tecnología puramente defensiva.
De hecho, una cláusula insta a Israel a declarar la guerra para que se le permita ejercer lobby en el Congreso, a objeto de obtener financiamiento «clave para su supervivencia». Si bien está en el espíritu de la ley que Israel no busque ayuda adicional, ello será letra muerta cuando el país enfrente «un conflicto armado importante». El texto no aclara si esto también correrá cuando Israel sea el Estado agresor.
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