Un total de 20 millones de euros o hasta un 4 % de la facturación global de una empresa que maneje uso de datos serán las multas que deberán pagar por infringir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que permite mayor control al ciudadano sobre quién posee su información personal.
Esta ley que sustituye las sanciones de la antigua norma de protección de datos española de 1999, está en fase de tramitación parlamentaria y se prevé que entre en vigencia a finales de este año.
Isabel Celáa, vocera del gobierno español aseguró que la normativa se encuentra en el proceso de ser aprobada, pero que mientras eso sucede ha sido autorizado un decreto de medidas urgentes para adaptar el ordenamiento español a la Unión Europea.
La información personal no será usada cómo deseen las empresas
Enfatizó que el mandatario pretende con esta medida evitar el “vacío legal” y la desprotección del ciudadano hasta que se apruebe la nueva ley que busca garantizar y poner fin a las prácticas de otorgamiento de datos personales por parte de las empresas.
La funcionaria aseguró que el real decreto incluye el “novedoso régimen sancionador del RGPD que no cambiará la duración de los procedimientos sancionadores de seis meses, pero incorpora investigaciones por un periodo de doce meses».
Así mismo, la prescripción de las sanciones para un año será inferiores a 40.000 euros, mientras que dos años de 40.000 a 300.000 euros y tres años las sumas de dinero serán superiores.
La ley que protegerá a los usuarios entrará en vigencia a finales de este año
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) será la institución encargada de hacer cumplir la RGPD y los funcionarios ejercerán las funciones de “agentes de la autoridad”, según la normativa aprobada en la actualidad.
En el decreto ha sido considerado el procedimiento de cooperación entre los países de la UE en los presuntos casos transfronterizos donde además participarán las autoridades implicadas.
A su vez, esta normativa que saldrá a la luz pública entre noviembre y diciembre de este año cede a los Estados Miembros del bloque regional cuál es la edad mínima para dar el consentimiento para el uso de datos personales, así mismo esta posee más de 300 enmiendas que no fueron tomados en cuenta en el reglamento europeo.
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