El Gobierno de Nicaragua rechazó el mecanismo que aprobó el Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU para investigar las denuncias de violación en el país centroamericano, además de objetar el llamado a cesar las detenciones de opositores por considerarlos «carentes de objetividad» e injerencista.
«Se continúan haciendo valoraciones instrumentalizadas y derivadas de intereses económicos y políticos de los países imperialistas, cuya única finalidad es afectar la dignidad y soberanía de los pueblos; sin ningún respeto a la identidad, soberanía y desarrollo histórico de cada país, no aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político e injerencista claramente definido», afirmó la Procuradora General de la República, Wendy Morales.
El país centroamericano cuestionó que el organismo «está lejos» de basar sus informes en la realidad de los DDHH en Nicaragua, y los calificó de subjetivos y parcializados hacia sectores minoritarios y de sumisión de las «potencias imperialistas», publicó Sputnik.
La ONU adoptó la medida denominada ‘Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua’, a solicitud de una veintena de organizaciones y opositores al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
La resolución contó con el voto de 20 países, 20 abstenciones y el rechazo de Venezuela, Rusia, Cuba, China, Bolivia, Honduras y Eritrea; mientras Nicaragua llamó a las naciones a no apoyar una decisión basada en el odio y la desinformación.
«Instamos a que la verdadera defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos, que este organismo internacional debe impulsar, sea la aplicación de los mismos, en plena armonía con el respeto a la identidad, soberanía y desarrollo histórico de cada país, sin perder de vista la universalidad de los derechos humanos», subraya la resolución de Managua.
El exhorto de la ONU mandata la conformación de un mecanismo integrado por tres expertos que investigarán, en el período de un año, las denuncias a raíz de las protestas violentas protagonizadas por opositores a la administración Ortega en 2018, y que devino en enfrentamientos que provocaron la muerte de 300 personas, destrucción de bienes estatales y pérdidas estimadas en más de 27.000 millones de dólares.
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