En una iniciativa sin precedente, cuyas consecuencias se harán ver en los próximos días o quizá hoy mismo, la mesa directiva del Senado se negó ayer, de manera unánime, a cumplir la determinación del ministro Marco Aurelio Mello, uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal. En la víspera, Mello había expedido una liminar (decisión provisional a ser sometida al pleno del Supremo) determinando la inmediata suspensión de Renan Calheiros de la presidencia del Senado. La mesa directiva dijo que sólo aceptaría cumplir una determinación del pleno de la corte suprema.
Mello basó su polémica y contundente medida en una decisión que todavía tramita en la corte suprema, determinando que ningún reo podrá ocupar puesto alguno en la sucesión presidencial. Como presidente del Senado, Calheiros, que es reo en un juicio abierto en el mismo Supremo Tribunal Federal, es el segundo en esa línea, luego de su colega Rodrigo Maia, que preside la Cámara de Diputados.
En la primera ronda de votación, seis de los 11 integrantes del Supremo Tribunal Federal aprobaron la iniciativa, que provocaría el alejamiento de Calheiros de la presidencia del Senado. Dias Toffoli, séptimo ministro, pidió vista, o sea, tiempo para examinar mejor la medida. Se trató de una clarísima maniobra para ganar tiempo, una vez que en diez días más empieza el receso del Congreso, y Calheiros –principal blanco de la prohibición– lograría terminar su mandato, que va hasta el primero de febrero del año que viene.
Si la decisión de Marco Aurelio Mello era polémica, mucho más ha sido la decisión de afrontarla. La primera resistencia ha sido del mismo Calheiros, que rehusó, en dos ocasiones (la primera en la noche del lunes, la segunda en la mañana de ayer), recibir al oficial de Justicia encargado de entregarle la correspondiente intimación.
Como resultado de los movimientos de Calheiros quedó claro que la resistencia no sería solamente individual, sino colectiva. Esto abre una crisis institucional entre el Congreso y la máxima instancia de justicia en el país, que sacude aún más un ambiente ya excesivamente cargado.
Tan pronto se supo del acto de rebeldía de los senadores que controlan la mesa directiva, corrieron suposiciones de que Calheiros podría ser detenido por desobedecer una determinación de un ministro del Supremo Tribunal Federal. Pero los integrantes de la corte máxima de justicia optaron por no discutir el tema, y prefirieron convocar para hoy a una sesión plenaria para discutir y decidir sobre la medida provisional de Marco Aurelio Mello. Hasta los aliados más cercanos a Calheiros dicen que las posibilidades de que escape de la guillotina y se mantenga al frente del Senado son casi inferiores a cero, si eso fuese posible.
Lo ocurrido ayer coincidió con la presentación del proyecto del gobierno de Temer que introducirá drásticos cambios en el sistema de jubilaciones del país y afectará de manera durísima los trabajadores.
El proyecto fue blanco de ráfagas de durísimas críticas. El diputado y principal figura de la Fuerza Sindical, Paulo Pereira, aliado incondicional del golpe e interlocutor preferencial de Michel Temer con los afiliados de su gremio, fue contundente: tal como está, ese proyecto jamás será aprobado en la Cámara de Diputados.
También ayer sería presentada en el Senado la enmienda constitucional que establece un tope para los gastos públicos durante los próximos 20 años, lo que implicará recortes significativos en los presupuestos de los servicios públicos, que incluye educación y salud.
Objeto de deseo de diez entre diez dueños del capital, ejemplo redondo de un neoliberalismo fundamentalista, corre el grave riesgo de ya no ser votada este año.
Al frente de un gobierno fragilizado, inerte y combatido hasta por los mentores del golpe que lo llevó al sillón presidencial, Michel Temer, incapaz de cualquier reacción o iniciativa, parece aguardar lo que el destino les reserve, a él y al país.
El destino, sin embargo, no parece muy favorable, ni a él y menos para el país. Ayer, el gobernador de Minas Gerais, provincia que tiene la tercera mayor economía de Brasil, pidió que la asamblea legislativa provincial declare estado de calamidad financiera, tal como ya hicieron Río de Janeiro y Río Grande do Sul.
En Río de Janeiro, el cuadro es más que dramático: el gobierno local no tiene con qué pagar siquiera los sueldos de noviembre, cuanto más el de diciembre y el aguinaldo.
Ayer mismo hubo intensas batallas callejeras entre funcionarios públicos que protestaban contra la quiebra de la provincia y la policía. En Brasilia se teme que ese cuadro, que se muestra al borde de un brote de convulsión social, se extienda por otras provincias del país.
Por si todo eso fuera poco, ahora ocurre un conflicto abierto entre Judiciario y Congreso.
¿Hasta cuándo, y hasta qué punto, aguantarán las instituciones de un país en plena turbulencia?
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