La Administración de Donald Trump se enfrenta a una nueva demanda judicial, esta vez por su arremetida en contra de la inmigración indocumentada
La Administración Trump se enfrenta a una nueva demanda judicial, esta vez por su arremetida en contra de la inmigración indocumentada a la que trata de limitar sus posibilidades de regularizar su situación migratoria, expandiendo la interpretación de la regla de “Carga Pública”.
La misma, negaría la residencia legal y admisión en el país a quienes hayan solicitado servicios sociales como vivienda subsidiada o cuidados de salud.
Una nueva regla implementada por la administración Trump podría golpear duramente a la comunidad inmigrante a la hora de regularizar su situación Migratoria.
Según la nueva regla, toda persona de bajos recursos, es potencialmente una carga pública, pues en algún momento de su vida podría recurrir a servicios sociales. Según una directriz previa, persona que reciba beneficios sociales, no es elegible para legalizar su situación migratoria. Mónica está preocupada, porque la vaguedad de la norma, podría afectarla.
Cerca de once millones de inmigrantes indocumentados, ahora tendrán que pensarlo dos y hasta tres veces antes de decidir, si en su necesidad, recurren a servicios públicos como vivienda, estampillas de alimentos o cuidados de salud, por el miedo a las consecuencias.
Mónica a través de organizaciones comunitarias ha planteado una demanda en contra del gobierno.
Como es sabido, la retórica de Donald Trump ha estigmatizado a la comunidad inmigrante, de muchas maneras, con el propósito de avanzar su propia agenda; una de ellas es acusar a la inmigración de ser una carga pública. La corte debe pronunciarse sobre la demanda en el plazo de treinta días.
Alfredo Miranda, Washington. Hispantv
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