La Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció este jueves el nuevo protocolo migratorio de República Dominicana, que criminaliza el acceso a servicios de salud para personas haitianas, incluyendo mujeres embarazadas.
El gobierno del presidente Luis Abinader ha implementado controles migratorios en centros médicos, exigiendo identificación, carta de trabajo, prueba de domicilio y pago de servicios a pacientes haitianos, incluso a quienes se encuentran en estado de parto o necesitan atención urgente.
Según medios locales, al menos 87 mujeres haitianas embarazadas han sido detenidas en hospitales desde el inicio de la medida. Esta política forma parte de un plan de deportaciones masivas, que desde finales de 2024 ha expulsado a más de 180,000 personas haitianas.
Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que estas acciones “pueden repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria […] y no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros”.
La ONU subraya que, si bien los países tienen derecho a gestionar sus fronteras, deben garantizar la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes. El organismo internacional cuestiona que se vulneren derechos tan fundamentales como el acceso a la salud en nombre del control migratorio.
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Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que solo el martes pasado se deportaron 416 personas haitianas, incluyendo 11 mujeres embarazadas y 16 madres lactantes.
La medida, lejos de disuadir la migración irregular, representa una amenaza directa a la vida de personas vulnerables, denunciaron activistas por los derechos humanos.
Fotografía: Redes
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