El Gobierno saudí ha sido criticado por incumplir las normas internacionales sobre derechos humanos en Yemen, pero el mayor escándalo se debe a que han empleado un arma química cuyo uso es considerado ilegal
Para finales de 2019, unas 233.000 personas habrán perdido la vida en el conflicto de Yemen. Así lo revela el informe encargado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al catedrático de la Universidad de Denver (Estados Unidos) y experto en estudios internacionales, Josef Korbel.
El informe publicado en mayo se basa en estadísticas realizadas a partir de los datos recolectados por la ONU, desde que explotó el conflicto en marzo de 2015, cuando Arabia Saudí intervino al frente de una colación integrada por sus emiratos vecinos -con la excepción de Qatar- con el objetivo de apoyar al Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi y contener la rebelión de los hutíes, una tribu chiíta procedente de las montañas del norte del país que tomó la capital, Saná, y otras ciudades relevantes, y que cuenta con el respaldo de Irán.
Este escenario atenta contra los intereses de Riad y su intención de dominar el mundo árabe.
Cuatro años después la situación en Yemen se ha convertido en una crisis humanitaria sin indicios de poder resolverse, entre otros motivos, debido a que el Gobierno de Estados Unidos continúa suministrando apoyo militar a la colación arábiga, incluido armamento, abastecimiento de combustibles para los cazas saudíes y las controversiales municiones de fósforo blanco.
Para 2020 se proyecta que el conflicto bélico habrá cobrado la vida de 482.000 personas y si llega a 2030, la estimación sobrepasará los 1,8 millones de fallecidos, de los que 1,5 millones serán niños de cinco años.
Crisis humanitaria
Los observadores de la ONU han calificado el conflicto bélico yemení como “la peor crisis humanitaria provocada por la acción del hombre en nuestros tiempos”.
Según sus estimaciones, más de ocho de los 28 millones que tenía censados el país al inicio de las hostilidades están en emergencia alimentaria y requieren de asistencia y ayuda humanitaria para sobrevivir.
En varias zonas del país las condiciones de subsistencia son mínimas por carencias muy graves de acceso a alimentación y agua potable.
Adicionalmente, 2,3 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares por efecto de la guerra y porque tampoco disponen de retribuciones regulares.
En abril de 2017, Yemen enfrentó la peor epidemia de cólera de su historia del país, en la que se contagiaron más de 1,2 millones de personas y murieron más de 2.500. El brote fue motivado por las escasas condiciones higiénicas, la fragilidad de la red hospitalaria, la falta de salubridad de las aguas o la interrupción habitual de material clínico o quirúrgico por los bloqueos bélicos y el corte de los flujos comerciales y de importación.
En materia económica se ha producido un bloqueo que ocasionado que importaciones comerciales hayan caído, generando un escenario de hiperinflación.
El informe de Korbel ubica en 89.000 millones de dólares las pérdidas económicas de Yemen, país que cuenta con un Producto Interno bruto (PIB) de los más bajos del planeta: puesto 101, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Bombardeos de Arabia Saudí
La mayor parte de los ataques a civiles han sido provocados por las incursiones aéreas de la coalición arábiga, según informes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La organización ha contabilizado, hasta agosto del pasado año, más de 60 ataques aéreos en zonas residenciales, otros 11 a mercados, 11 más a barcos de transporte de pasajeros y 32 acciones más contra centros médicos, educativos, culturales o religiosos.
De hecho, 2.500 escuelas en Yemen han sido dañadas o destruidas desde el comienzo del conflicto bélico.
Al respecto, más de una veintena de organizaciones no gubernamentales (ONG) se han unido para pedirle esta semana al secretario general de la ONU, António Guterres, que en sus informes sobre Yemen señale claramente a la coalición que lideran Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos como uno de los principales responsables de los ataques contra escuelas y hospitales.
Organizaciones como Save The Children, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Oxfam, el Consejo Noruego de Refugiados, World Vision y Médicos del Mundo instan a Guterres a elaborar una lista «completa y precisa» de los actores responsables de violaciones de los Derechos Humanos en Yemen.
«Todos los responsables de violaciones graves deben regirse por los mismos estándares, independientemente de que sean fuerzas del Gobierno, coaliciones, fuerzas regionales, grupos armados no estatales e incluso efectivos de paz de la ONU», reza la carta.
Niños, las principales víctimas
La directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Henrietta Fore, aseguró en un comunicado que «no hay ningún lugar seguro en Yemen”.
Las principales víctimas de este conflicto son los niños que han fallecido, resultado heridos, han perdido a sus padres y no pueden acceder a la educación ni a los alimentos.
Desde marzo de 2015, Unicef registró que al menos 7.300 niños murieron o resultaron heridos de gravedad en medio de enfrentamientos entre la coalición saudí y los grupos Hutíes.
Asimismo, alrededor de dos millones de niños yemeníes sufren hambre y están malnutridos debido al conflicto.
Ataques con fósforo blanco
Arabia Saudí ha sido criticada en repetidas ocasiones por el incumplimiento de las normas internacionales sobre derechos humanos, en casos como bombardeos indiscriminados a zonas civiles durante su campaña militar en Yemen.
Sin embargo, el mayor escándalo se debe a que las fuerzas de Riad han empleado en sus ataques contra civiles fósforo blanco, un arma química cuyo uso es considerado ilegal por las Naciones Unidas.
El rotativo británico The Independent, basándose en imágenes y vídeos publicados en redes sociales y evidencias proporcionadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, denunció que las municiones de fósforo blanco son proporcionadas por EE. UU.
Según sus leyes, la nación norteamericana puede vender fósforo blanco a otros países para utilizarse sólo en señalizaciones a otras tropas o en la formación de cortinas de humo.
Sin embargo, cuando la munición explota, se libera el fósforo blanco que se enciende automáticamente en el aire, creando un humo denso y blanco que, y en el caso de que se utilice contra soldados o civiles, puede dejarlos lisiados o matarlos, ya que los mutila y los quema hasta los huesos.
Posterior a la revelación de The Independent, los propios funcionarios estadounidenses admitieron al mismo medio que Washington le proporcionó las municiones a Arabia Saudí “en el pasado”.
Para «librarse de culpa», el Departamento de Estado comunicó que cualquier país que reciba las municiones tenía la excepción de usarlas solo de conformidad con el derecho internacional, y prometió examinar los informes de saudíes que usaban las municiones de manera inadecuada durante la guerra de Yemen.
Asimismo, se comprometió a tomar las «medidas correctivas apropiadas» si comprobaba que Arabia Saudí empleaba el fósforo blanco contra los civiles.
Lo cierto del asunto es que los ataques con esta mortal arma química contra el pueblo yemení no han cesado y siguen cobrando víctimas.
Incluso, el periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado el pasado 2 de octubre de 2018 en el consulado del país árabe en Estambul (Turquía), intentaba encontrar pruebas de que Riad emplea fósforo blanco en sus ataques en Yemen.
El periódico Sunday Express entrevistó a un amigo de Khashoggi, quien reveló que se encontró con el periodista una semana antes de su muerte, y le confesó que “se encontraba preocupado».
«Cuando le pregunté por qué estaba preocupado, me dijo que estaba obteniendo pruebas de que Arabia Saudí usa armas química en Yemen«, relató.
Interés de Trump en Yemen
Hace unos meses las dos cámaras legislativas de EE. UU. votaron a favor de poner punto final a la ayuda militar a la coalición saudí en Yemen por «razones humanitarias», pero el presidente Donald Trump vetó la decisión del Congreso, bajo el argumento de que la iniciativa el poder legislativo era un “intento peligroso e innecesario de debilitar mi autoridad constitucional”.
Los intereses de mandatario estadounidense podrían ir más allá que defender su mandato.
Este martes 4 de junio, el legislador por el estado de Virginia, Tim Kaine, denunció en un comunicado que el Gobierno estadounidense ha transferido tecnologías nucleares a su aliado Arabia Saudí, siete veces desde diciembre de 2017.
En el texto, Kaine destacó que dos de estas transferencias tuvieron lugar después del asesinato de Jamal Khashoggi. En concreto, la primera se produjo el 18 de octubre de 2018 y la segunda el 18 de febrero de este año.
“Tengo serios cuestionamientos sobre si las decisiones en materia de transferencias de tecnologías nucleares se tomaron en base a los lazos financieros de la familia del presidente Donald Trump, y no a los intereses del pueblo estadounidense”, condenó el senador.
Kaine planteó que es muy extraño el afán de Trump de complacer a Riad y proporcionarle todo lo que quiere, a pesar de estar al tanto sobre el rechazo categórico del Congreso a la transferencias de tecnologías nucleares.
Enfatizó que tanto republicanos como demócratas han manifestado, en repetidas ocasiones, su preocupación sobre el suministro de tecnología nuclear a un país que desde hace cuatro años está sumergido en una campaña agresiva de bombardeos contra Yemen.
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