La Corte Internacional de Justicia (CIJ), dictaminó éste miércoles, de manera unánime, que Irán tiene derecho a reclamar los 2.000 millones de dólares bloqueados por Estados Unidos desde 2016.
Los jueces del tribunal, que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y es reconocido en todo el mundo, determinaron que Teherán puede seguir tramitando su reclamo para exigir acceso de sus activos depositados en bancos estadounidenses.
El pasado 8 de octubre de 2018, Washington pidió a la CIJ que se declarara incompetente para juzgar la demanda de Irán para recuperar el acceso a sus divisas, por considerar que el organismo no tiene jurisdicción sobre esta disputa.
Pero sobre todo, argumentó que la nación persa no podía establecer ningún reclamo ante la justicia internacional pues la invalidan sus supuestos vínculos terroristas.
Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia afirmó que “rechaza por unanimidad las objeciones preliminares a la admisibilidad planteadas por los Estados Unidos”, tal y como indicó el presidente de este tribunal, Abdulqawi Ahmed Yusuf. La CIJ, consideró que el bloqueo de divisas por parte de EEUU a Irán era un asunto que debía ser evaluado ya que sí compete al derecho internacional.
El magistrado señaló que esta instancia “tiene jurisdicción” para juzgar el caso, por lo que rechazó la petición de Estados Unidos de que el organismo no se hiciera cargo del expediente.
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Luego de haber declarado que la demanda sería cursada en sus tribunales, la CIJ anunció que celebrará próximas audiencias para decidir si Irán debe recuperar los 2.000 millones de dólares bloqueados por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2016.
Esta victoria judicial de la República Islámica puede incrementar las tensiones políticas entre Washington y Teherán, que no tienen relaciones diplomáticas desde 1980.
Fondos bloqueados desde 2016
En abril de 2016, el Tribunal Supremo de Estados Unidos condenó a Irán a pagar 2.000 millones de dólares para indemnizar a las víctimas y familiares atentado contra un cuartel estadounidense en Beirut, Líbano, ocurrido en 1983 y que dejó un saldo de 241 marines muertos.
Aunque el ataque fue perpetrado por la milicia chií Hizbulá, Washington decidió condenar a Irán por sus supuestos “lazos” con la organización libanesa.
Para saldar los 2.000 millones de las «indemnizaciones», el máximo tribunal norteamericano determinó que esta cifra se descontaría de los millones de activos de República Islámica congelados en bancos de EE.UU.
Dichos fondos, que pertenecen al Banco Central de Irán, permanecen retenidos por Washington como consecuencia de las sanciones impuestas por el desarrollo de su programa nuclear con fines pacíficos.
A esta monto hay que sumarle un promedio de 100.000 millones de dólares, procedentes de transacciones comerciales, sobre todo por la venta de petróleo, que Irán no ha podido cobrar debido al régimen de sanciones unilaterales aplicadas por la Casa Blanca.
Cruzada de Irán por recuperar sus activos
Ante la decisión del Tribunal Supremo norteamericano de congelar sus 2.000 millones de dólares, el gobierno iraní emprendió una cruzada para recuperar sus activos y fondos.
De este modo, en junio de 2016 interpuso ante la Corte Internacional de Justicia un procedimiento legal contra Estados Unidos por apropiación indebida, con el fin de lograr desbloquear el dinero.
«El gobierno de Irán nunca permitirá que el dinero que pertenece a la nación sea engullido por los estadounidenses«, aseveró en ese momento el presidente persa Hassan Rohani.
El mandatario se comprometió ante el país a «no escatimar esfuerzos» a la hora de garantizar la «restitución de los derechos de Irán a través de todas las vías legales posibles».
Teherán denunció ante la CIJ que el ataque financiero perpetrado por Estados Unidos viola del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares, firmado en 1955 entre los dos países, cuando tenían relaciones diplomáticas, y en el que Washington se comprometió a tratar de una manera justa a los ciudadanos iraníes y no impedir las transacciones monetarias y bancarias.
En octubre pasado, el representante de Irán ante La Haya, Mohsen Mohebi, recordó que su país se vio obligado a acudir ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, porque EE.UU. no ha garantizado a sus compañías la “libre disposición de sus propiedades” ni “libertad de acceso a los tribunales estadounidenses”.
Según el representante de Teherán, con la “expropiación de propiedades de compañías” iraníes EE.UU. busca “dañar la economía” de la República Islámica.
Sanciones contra el pueblo iraní
En 2013, el entonces presidente norteamericano, Barack Obama, decidió aplicar sanciones contra la República Islámica de Irán, al desconocer los fines pacíficos del programa nuclear persa.
Con esta medida se bloquearon 100.000 millones de dólares en activos de la nación asiática; se prohibió la adquisición de dólares por parte del gobierno iraní; así como el comercio del oro y metales preciosos extraídos en su territorio.
Se vetó la venta, suministro o transferencia directa o indirecta hacia o desde Irán de metales de grafito, otros metales como el aluminio y acero, carbón y software para integrar procesos industriales. Además de las transacciones relacionadas con la compra o venta de riales (la moneda iraní), o el mantenimiento de fondos o cuentas con montos considerables de riales fuera del territorio de Irán.
De igual modo, las sanciones afectaron la compra, suscripción o facilitación de la emisión de deuda soberana iraní y el sector automotriz de este país..
Tras 21 meses de negociaciones, finalmente Irán y los países del Grupo 5+1 (Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania) alcanzaron un acuerdo que puso fin a estas medidas. Sin embargo en 2018 , Donald Trump decidió abandonar el acuerdo y restablecer las sanciones.
Ante esta situación, el 16 de julio de 2018 Irán presentó ante La Haya una queja formal contra los Estados Unidos, y el 3 de octubre obtuvo una victoria judicial, cuando la CIJ instó a Washington a poner fin a sus sanciones a Irán por motivos humanitarios, lo que resultó un revés para los norteamericanos, que recusaron la competencia del Tribunal en el asunto.
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En esa oportunidad, el presidente de, tribunal de la Haya, Abdulqawi Ahmed Yusuf, advirtió sobre el riesgo de que las medidas adoptadas por EE.UU. contra Irán provoquen consecuencias “irreparables”.
Por ello, llamó al gobierno de Trump a “eliminar cualquier impedimento” que surja de la reimposición de sanciones a la exportación a Irán de medicamentos y dispositivos médicos, alimentos y productos agrícolas, así como repuestos y equipos necesarios para garantizar la seguridad de la aviación civil.
Irán saludó este fallo y destacó que ese dictamen demuestra que las sanciones de EE.UU. contra Teherán son “ilegítimas”.
EE.UU. incumple normas internacionales
En diciembre de 2018 el viceministro para Asuntos Legales e Internacionales de la Cancillería iraní, Qolam Hosein Dehqani, recordó que “durante las últimas décadas, en particular en la reciente, los estadounidenses han demostrado que no cumplen ninguna norma internacional ni los compromisos bilaterales que adquieren con otros países.
Indicó que el gobierno de Donald Trump. “ha violado asimismo todos los principios internacionales y intensificado sus acusaciones a Irán”, a pesar de la “falta de crédito internacional” de la que adolece Washington para tomar tales medidas.
“No hay ley que EE.UU. pueda citar para poder confiscar bienes iraníes”, recalcó.
Sanciones contra Venezuela
La situación actual que atraviesa Venezuela tiene paralelismo con los ataques perpetrados contra Irán.
Ambos países juegan un papel preponderante en el mercado petrolero, se oponen a los intereses injerencistas de Estados Unidos, defienden su soberanía y no se someten a los dictámenes del gobierno estadounidense. Por tal motivo son blanco de sanciones que buscan aislarlos políticamente y asfixiarlos en lo económico.
La nación suramericana ha sido víctima de un bloqueo financiero , de sanciones y una guerra económica orquestada desde la Casa Blanca que ha afectado las condiciones de vida de su población y que le ha generado pérdidas por el orden de de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017, tal y como revela un informe de Centro Estratégico Latinoamericano de Geópolitica (Celag).
El pasado 31 de enero el Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en las que se establece que “todos los bienes e intereses en la propiedad de Pdvsa sujetos a la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas de los EEUU en general tienen prohibido realizar transacciones con ellos”.
Con esta medida Washington le bloquea a Venezuela 7.000 millones de dólares en activos petroleros, entre los que figura la corporación Citgo,que es la principal filial internacional de Pdvsa en exterior.
Esta empresa y con sede en Estados Unidos, se encarga de refinar petróleo y comercializar gasolina, lubricantes y petroquímicos y cuenta con tres refinerías, 48 terminales de almacenamiento y distribución y 6.000 estaciones de servicio en territorio estadounidense.
Según cifras del propio Departamento del Tesoro, las nuevas sanciones le ocasionarán pérdidas a Venezuela por el orden de los 11.000 millones de dólares en exportaciones de crudo no realizadas y que estaban previstas para 2019.
A esto se suma la negativa del Banco de Inglaterra de entregarle al gobierno de Nicolás Maduro, un total de 14 toneladas de oro, valoradas en unos 550 millones de dólares y son parte de las reservas internacionales de Venezuela.
El objetivo de estos ataques es lograr que el mandatario no cuente con recursos para pagar la nómina estatal ni cubrir los servicios públicos, las misiones, programas y beneficios sociales; lo que según Estados Unidos puede desencadenar en un clima de ingobernabilidad que haga más fácil el respaldo internacional a una invasión militar con la excusa de “recuperar la democracia” en ese país.
Las medidas contra la petrolera venezolana también persiguen otorgarle una fuente de financiamiento al “gobierno» ilegítimo e inconstitucional del auto proclamado “presidente interino”, Juan Guaidó.
El propio presidente venezolano dejó claro que acudirá a los tribunales internacionales para denunciar la apropiación indebida de los activos y fondos de la nación suramericana, y que todos aquellos que intenten usurpar funciones serán sometidos a la Ley.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela declaró este jueves nula la designación hecha por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición y en desacato, de una «nueva junta directiva» de Citgo y una junta administradora en Pdvsa.
Según la sentencia del máximo tribunal venezolano, los parlamentarios opositores aprobaron un «írrito acuerdo» para nombrar la junta directiva de ambas empresas petroleras.
Asimismo, dictó una serie de medidas cautelares, que incluyen prohibición de salida del país y enajenación de bienes a los ciudadanos designados para las dos compañías.
El titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, afirmó que los nombramientos hechos por el autoproclamado «presidente encargado» no tienen «consecuencia jurídica legal» porque solo pueden ser realizados por el presidente constitucional, Nicolás Maduro.
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