El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado mediante el cual expresa su «firme rechazo» al más reciente informe de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que está referido al sistema de justicia de la nación suramericana, publicó la agencia Xinhua.
Caracas condenó el contenido, las conclusiones y las recomendaciones del texto emitido por la oficina del organismo multilateral, al tiempo que lo consideró como «tendencioso» y elaborado a partir «de una cuestionada resolución del Consejo de Derechos Humanos».
El informe que emitió la referida oficina, refiere que, en la Zona de Desarrollo llamada Arco Minero del Orinoco (sureste), algunas minas de oro y diamantes estarían controladas por grupos al margen de la ley y violando derechos fundamentales de trabajadores.
«Es necesario implementar reformas mucho más profundas para poder permitir que el poder judicial cumpla efectivamente su papel como garante de los derechos humanos» declaró la alta comisionada adjunta de DDHH de la ONU, Nada Al Nashif.
Para Venezuela, dicho informe de la referida oficina «es muestra palpable del doble rasero, la manipulación y el vergonzoso uso político de los mecanismos internacionales por parte de un reducido grupo de países con graves expedientes de violación de derechos humanos».
Además, Caracas denunció que el referido grupo de países comparte «posiciones políticas manifiestamente hostiles hacia Venezuela».
«Quedan en franca evidencia los Gobiernos satélites de Estados Unidos al articular sus posiciones y acciones en los foros internacionales como parte de la agresión política y mediática contra Venezuela», expresó el texto de la cancillería venezolana.
El citado ministerio además recordó que este miércoles el presidente venezolano Nicolás Maduro, «denunció la campaña propagandística comunicacional e injerencista anunciada por Elliott Abrams, ese oscuro personaje que funge como representante de Washington para los asuntos de Venezuela».
El país suramericano, además, respondió que «no tiene el Consejo de Derechos Humanos, como tampoco ningún actor internacional, facultad legal, ni mandato alguno, para pretender evaluar el funcionamiento constitucional de los poderes públicos y el desarrollo de los sectores económicos en Venezuela».
A través del pronunciamiento oficial publicado este miércoles, la nación caribeña ratificó su voluntad de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos con y la oficina del Alto Comisionado para DDHH «siempre y cuando estas instancias eviten ser instrumentalizadas políticamente contra Estados soberanos e independientes».
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