Protesta social, música y censura

La censura, el amedrentamiento y la represión contra artistas que repudian los preceptos conservadores, monárquicos y capitalistas de la derecha española, vuelve a dar de qué hablar. Lejos de la cacareada «libertad de expresión«, que el gobierno de Mariano Rajoy exige fuera de sus fronteras pero no aplica en casa, hoy se sanciona la libertad de pensamiento y creación propinando acciones que representan simbólicamente un claro mensaje a quienes se resisten a comulgar, tragar y callar.

Aliadas la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo Español, trabajan a merced del gobierno para juzgar y castigar cualquier intento que consideren de resistencia.

Evaristo Páramos, ex cantante de La Polla Records y actual vocalista de la banda Gatillazo, fue el último en ser blanco de acusaciones este viernes 25 de mayo, al ser amenazado por la policía, -tras terminar un concierto-, quienes le informaron que se le abriría un procedimiento penal por vociferar letras incendiarias contra los cuerpos de seguridad del Estado.

Pero éste no ha sido el único en correr dicha suerte. En 2016 el grupo de La insurgencia fue perseguido y juzgado un año más tarde, en 2017, por escribir canciones reaccionarias que difundían a través de su canal de YouTube. Se les acusó de enaltecimiento del terrorismo según la Fiscalía, y se pidió para ellos dos años y un día de prisión. Además, se les achacó asociación ilícita y contra las instituciones del Estado.

Previo a ese caso, en 2014 el rapero catalán, Pablo Hasél, fue condenado a dos años de cárcel por la Audiencia Nacional que se afincó en desmenuzar con pinza el contenido de sus temas. El rapero recordó entonces que «la libertad de expresión acaba donde empiezas a molestarles, por lo tanto, no hay«. Entre otras denuncias, se le acusó de alabar a grupos terroristas, además de una «invocación genérica y retórica» a que estos se mantengan activos. Sin temor el artista se mantiene en España para «seguir desenmascarando el carácter fascista del Estado».

Sumando procedimientos en su contra, incluso por comentarios realizados en las redes sociales, Hasél dijo el pasado 24 de mayo que: «estos juicios son una farsa, ellos necesitan disfrazar su fascismo para decir que esto es un Estado de derecho (…) pero aunque tú demuestres que eso es cierto te acaban condenando igual por injurias y en la sentencia ni siquiera se molestan en demostrar que lo que tú has dicho es falso porque no lo pueden demostrar», apuntó en una conferencia sobre la libertad de prensa.

En 2017 fue el turno de José Miguel Arenas Beltrán, alias Valtonyc, para quien la Audiencia Nacional pidió tres años y medio de cárcel en febrero del pasado año. Jorge Campos, presidente del Círculo Balear, demandó al joven asegurando que en una de sus letras se pedía su muerte. Levantó polvareda el hecho de que el cantante repetía constantemente que los Borbones (monarquía) eran unos mafiosos. Sus canciones, publicadas de forma gratuita en Internet, siguen los códigos extremos, provocadores, alegóricos y simbólicos del rap. Cae sobre él una orden de detención nacional, europea e internacional luego de que supuestamente se refugiara en Bélgica escapando de la justicia española.