Se trata de la cuarta vez que un Presidente estadounidense es objeto de una investigación de juicio político. En los tres primeros casos, ninguno de los mandatarios fue destituido por el Senado
Este martes 24 de septiembre se dio la primera jornada de debates de la 74° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Sin embargo, la atención se la robó la titular de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, quien anunció la apertura de una investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump.
El motivo es que, según revelaciones de una fuente de inteligencia anónima citada por The Wall Street Journal, Trump utilizó su poder como Presidente y unas ayudas financiadas con dinero público con el objetivo de presionar a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que iniciará una investigación que dañaría a Joe Biden, su principal rival de cara a las elecciones de 2020.
Así, el magnate estadounidense se enfrentará a un proceso que podría desalojarlo de la Casa Blanca, si llega hasta las últimas instancias.
Pero, ¿qué significa “juicio político”, también conocido como impeachment? Es un proceso de destitución en el que un cargo público es acusado de violar la ley y sometido al escrutinio del Congreso.
En primer lugar, la Cámara de Representantes debe votar si acusa formalmente al Presidente. Para aprobar este primer paso hace falta una mayoría simple, es decir, que al menos 218 de los 435 diputados voten a favor de acusarlo. Previsiblemente esta fase se superará, ya que el Partido Demócrata tiene 235 escaños.
La dificultad llega en en el segundo paso, pues es el Senado la instancia que al final debe juzgarlo y decidir si lo destituye o no. Para que eso suceda hace falta el consentimiento de dos tercios de los senadores, es decir, 67 de 100. Teniendo en cuenta que el Senado cuenta con 53 republicanos, 45 demócratas y dos independientes, es muy difícil, aunque no imposible, que Trump sea destituido.
La transcripción de la llamada
Apenas un día después de que Pelosi anunciara la investigación de juicio político, se registraron varios acontecimientos importantes.
Un registro de llamadas publicado por la Casa Blanca confirma que Trump sí presionó al Mandatario ucraniano para que “considerara” investigar al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo, Hunter.
En la llamada, Trump aludió a la ayuda estadounidense, aunque no vincula explícitamente su solicitud a descongelarla. El documento transcribe: “Solo diré que hacemos mucho por Ucrania. Dedicamos mucho esfuerzo y mucho tiempo «.
El detalle es que el documento de cinco páginas distribuido por la Casa Blanca incluye una nota de advertencia que indica que «no fue una transcripción literal», sino que se basó en «notas y recuerdos de los oficiales de servicio» y el personal de seguridad nacional.
Adicionalmente, altos funcionarios de la administración dijeron que también se utilizó el software de reconocimiento de voz.
Cuál es el escándalo hasta ahora
Trump instó a Zelensky a investigar a Biden y a su hijo menor, Hunter, tanto directamente como a aceptar la colaboración de Rudolph Giuliani, uno de los abogados personales del magnate.
Resulta que como vicepresidente, Biden presionó al Gobierno ucraniano en 2015 para que despidiera a su principal fiscal, Viktor Shokin. En ese momento, el hijo de Biden pertenecía al directorio de una compañía de energía ucraniana, Burisma Holdings.
Trump y sus aliados insinúan, sin evidencia, que Biden estaba tratando de proteger a la compañía de un enjuiciamiento por presunta corrupción. Así, una investigación sobre Biden, incluso si es infundada y no muestra evidencia de un crimen, podría dañar las perspectivas de su campaña.
¿Un caso de extorsión?
Paralelamente a la llamada, en julio, la Casa Blanca congeló más de 391 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, recursos que serían utilizados para defenderse de una supuesta agresión territorial rusa.
Aunque Trump comenzó dando explicaciones contradictorias para el congelamiento, este miércoles, después de las revelaciones, admitió que fue una medida de presión sobre Ucrania, hasta que esta semana se liberaron los fondos.
Previamente, en agosto, un funcionario de inteligencia presentó una denuncia ante el inspector general de inteligencia, que luego fue remitida al director interino de inteligencia nacional, Joseph Maguire, en virtud de una ley que dice que esas quejas deben presentarse al Congreso dentro de una semana.
Sin embargo, Maguire se negó a compartir la queja con el Congreso, diciendo que el Departamento de Justicia no estaba de acuerdo con la conclusión del Inspector General.
Los detalles completos de la queja siguen siendo un misterio, al igual que la identidad del denunciante.
¿Qué sigue al anuncio de Pelosi?
La congresista adelantó que la Cámara comenzó una investigación de juicio político, aunque se trata de algo trascendental, prácticamente no cambia mucho a lo que venía sucediendo. De hecho, el Comité Judicial de la Cámara ya había abierto una investigación relacionada en julio.
El proceso establece que seis comités de la Cámara investiguen si hubo malversación política. Ellos llevarán esa evidencia al Comité Judicial, que luego podría recomendar artículos de juicio político a la Cámara baja en pleno.
Aunque existe una clara posibilidad de que la Cámara, ahora controlada por los demócratas, vote para destituir al presidente Trump, cuando el caso llegue al Senado, el presidente tiene una ventaja: esta instancia está bajo el control republicano.
¿Qué dicen los republicanos?
Los legisladores republicanos se apegaron a su posición de que Trump no ofreció ningún incentivo ni amenazó al Presidente de Ucrania. «Desde el punto de vista del quid pro quo, no hay nada allí», dijo la senadora Lindsey Graham, de Carolina del Sur.
Mientras, otros líderes republicanos intentan desviar la atención hacia Pelosi, acusándola de «tratar de debilitar al presidente».
En sí, están conscientes de que la acusación no destituye automáticamente al Presidente de su cargo; pues es simplemente eso, una acusación por cargos de «traición, soborno, altos crímenes y delitos menores».
Antecedentes de juicio político
Se trata de la cuarta vez que un Presidente estadounidense es objeto de una investigación de juicio político. En los tres primeros casos, ninguno fue destituido del Senado.
Andrew Johnson fue el primero, en 1868, por su intento de despedir a Edwin Stanton, su Secretario de Guerra,
que favorecía un enfoque más duro hacia el Sur, posterior a la Guerra Civil. Al final, fue absuelto por el Senado.
Richard Nixon enfrentó un juicio político en 1974, por cargos relacionados con Watergate, el escándalo que lo conectó con un allanamiento ilegal en la sede del Comité Nacional Demócrata y el posterior encubrimiento. Renunció cuando quedó claro que estaba a punto de ser acusado.
Bill Clinton fue acusado en 1998 por cargos de perjurio y obstrucción de la justicia, luego de que se descubriera que había mentido mientras testificaba sobre su relación con Monica Lewinsky. Fue absuelto por el Senado.
Por qué se convoca un juicio político
La Constitución permite que el Congreso retire a los presidentes antes de que termine su mandato si suficientes legisladores votan para determinar si cometió «traición, soborno, altos crímenes y delitos menores».
El término «altos crímenes y delitos menores» surgió de la tradición del derecho consuetudinario británico, pues fue el tipo de delito que el Parlamento citó al destituir a los funcionarios de la corona durante siglos.
Esencialmente, significa “un abuso de poder por parte de un funcionario público de alto nivel”, aunque ello no necesariamente tenga que ser una violación de un estatuto penal ordinario.
De acuerdo con The New York Times (TNYT), en 1788, mientras los partidarios de la Constitución estadounidense instaban a los estados a ratificar el documento, Alexander Hamilton describió los delitos impugnables en uno de los Documentos Federalistas como «aquellos delitos que proceden de la mala conducta de los hombres públicos, o, en otras palabras, del abuso o violación de alguna confianza pública. Son de una naturaleza que, con peculiar propiedad, puede denominarse política, ya que se relacionan principalmente con las lesiones causadas inmediatamente a la sociedad misma».
Cómo es el proceso de impeachment
El Comité Judicial de la Cámara baja lleva a cabo una investigación y recomienda artículos de juicio político al pleno. En teoría, la Cámara podría establecer un panel especial para manejar los procedimientos, o simplemente celebrar una votación de piso sobre dichos artículos sin que ningún comité los examine.
Cuando la Cámara vota sobre artículos de juicio político, si al menos uno obtiene el voto mayoritario, el Presidente es acusado.
Así, el procedimiento se traslada al Senado, que debe celebrar un juicio supervisado por el titular de la Corte Suprema. Allí, un equipo de legisladores de la Cámara baja desempeñan como fiscales, el Presidente tiene abogados defensores y el Senado sirve como jurado.
Si al menos dos tercios de los senadores declaran culpable al presidente, es expulsado y el vicepresidente asume el cargo de Presidente. Además, no hay lugar para una apelación.
¿Cuáles son las reglas para el juicio en el Senado?
No hay reglas establecidas. El Senado aprueba una resolución que establece primero los procedimientos del juicio.
«Cuando el Senado decidió cuáles serían las reglas para nuestro juicio, realmente las inventaron a medida que avanzaban«, declaró Gregory B. Craig a TNYT en 2017, quien ayudó a defender a Bill Clinton en su juicio político y luego se desempeñó como abogado de la Casa Blanca para Barack Obama.
Por ejemplo, dijo Craig, ese año el Senado dio a los legisladores acusadores cuatro días para presentar el caso, seguidos de cuatro días para que el equipo legal del Presidente lo defendiera.
Luego, el Senado decidió si escucharía a los testigos. Esa vez, permitió que cada lado presentara varios testigos en video.
“Las reglas adoptadas por el Senado en el juicio de Clinton, incluidas las que limitan el número de testigos y la duración de las declaraciones, hicieron que fuera más difícil probar el caso en comparación con los juicios en un tribunal federal”, dijo a TNYT el exlegislador Bob Barr, republicano de Georgia, quien fue administrador de la Cámara durante el juicio.
«La acusación es una criatura en sí misma», dijo Barr. «El jurado en un caso penal no establece las reglas para un caso y no puede decidir qué evidencia quiere ver y qué no quiere».
Al final, la Constitución no especifica estándares legales, haciendo que la destitución sea más una cuestión de voluntad política que de análisis legal.
Un ejemplo claro: la Constitución no detalla cómo los legisladores pueden elegir interpretar lo que constituye o no «traición, soborno altos crímenes y delitos menores». De tal manera que no existe un estándar de prueba establecido que deba cumplirse.
¿El Senado está obligado a celebrar un juicio?
La Constitución claramente prevé que si la Cámara destituye a un funcionario federal, el próximo paso es que el Senado celebre un juicio. Pero, no hay un mecanismo de aplicación obvio.
Por ejemplo, existe la duda de si el senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky y líder de la mayoría, se puede negar a convocar un juicio, así como se negó a permitir una audiencia de confirmación y votar sobre el candidato de Obama, el juez Merrick Garland, para llenar una vacante de la Corte Suprema en 2016.
Aún así, Walter Dellinger, profesor de derecho de la Universidad de Duke y ex procurador general interino en la administración Clinton, dijo que no está claro si sería McConnell o el titular del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr, quien tiene la autoridad para convocar el proceso.
De cualquier manera, Dellinger añadió que la mayoría republicana podría votar para desestimar inmediatamente el caso sin ninguna consideración de la evidencia, si así lo desean.
Hasta la fecha, los republicanos del Senado no han dado indicios de que romperían con Trump, especialmente en números suficientes para destituirlo de su cargo.
En su debate interno sobre qué hacer, algunos demócratas argumentan que esta realidad política significa que deberían centrarse en tratar de vencerlo en las elecciones de 2020, porque, en la teoría, una absolución en el Senado podría ser contraproducente y fortalecerlo políticamente.
En tanto, otros sostienen que acusarlo es una necesidad moral para disuadir a futuros presidentes de actuar como Trump, aún si resulta muy probable que los republicanos del Senado lo mantengan en el cargo.
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