La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, no podrá recurrir al artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el proceso de salida del país de la Unión Europea sin la aprobación previa del Parlamento.
Hace tres semanas, un grupo de opositores al Brexit —que va desde una gestora de inversiones conocida en la City londinense hasta un peluquero— recurrió a la justicia para tratar de frenar el divorcio de Europa.
La primera ministra Theresa May había anunciado días antes que la desconexión empezaría en marzo de 2017. Pero el argumento de los demandantes fue que el referéndum celebrado en junio era consultivo y no vinculante, por lo que el Gobierno no puede invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa que establece que un Estado miembro puede decidir salir de la UE, sino que esa facultad le corresponde al Parlamento.
Horas antes de conocerse la decisión del Supremo, el propio autor del artículo 50, Lord Kerr, que fue embajador del Reino Unido en la UE, declaró a la BBC que el Brexit no era irrevocable.
El futuro del Brexit en duda
Una de los impactos de esta decisión del Tribunal Supremo es que el proceso del Brexit se puede retrasar, ya que la votación para activar el artículo 50 deberá ser precedida de un debate sobre sus implicaciones y consecuencias.
Si el gobierno opta por apelar, además, el Tribunal Supremo empezaría a analizar el recurso en diciembre y la sentencia podría conocerse bien entrado 2017.
La decisión era un tema clave para la justicia británica y ha sido descrito como uno de los contenciosos constitucionales más relevantes en Reino Unido en las últimas décadas. No sólo puede afectar al futuro del Brexit, sino también a la forma en que la justicia funciona en Reino Unido.
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