Además de la emergencia generada por el coronavirus, los agricultores italianos han tenido que hacer frente a una sequía inesperada, producto de la primavera más seca de los últimos 60 años.
El país ha recibido un poco más de la mitad de las precipitaciones habituales, según los datos recabados por Meteo Expert, agencia de especialistas en estudios de metereología.
En Apulia, Floriana Fanizza, una agricultora, comienza a preocuparse por eso. «Hace tiempo que no llueve, los terrenos están áridos, especialmente para el trigo.Estamos en una situación crítica, tenemos que regar nuestros campos», reseñó la agencia AFP.
El panorama del agro italiano también registra pérdida de cosechas y dificultades para vender. Estiman que cuatro de cada diez empresas del sector frutas y hortalizas registran dificultades hoy en día, de acuerdo con la información que maneja Coldiretti, el principal sindicato agrícola de ese país.
Sus ventas están a media asta debido al bloqueo de las fronteras y al cierre de comedores y restaurantes, un fenómeno que no ha sido compensado por el aumento de las ventas en los supermercados.
Los mismos cultivos están en peligro por la falta de mano de obra, de trabajadores temporales, en general extranjeros.
Al comienzo de las medidas de contención, Floriana Fanizza, propietaria de una granja con su familia en Fasano (Apulia, sur), se encontró sin personal ya que algunos de sus empleados prefirieron renunciar a trabajar por temor al virus.
La cosecha de apio se perdió, al igual que las hojas de nabo, que ahora están en flor porque no se han recogido.
La granja Masseria Mozzone anunció que está «atrasada» para la siembra de verduras que se recogen en el verano.
«Para sembrar adecuadamente necesitamos unas siete a ocho personas. Esperamos encontrarlas, de lo contrario nos veremos obligados a reducir la producción», reconoció la agricultora de 41 años.
Cerca de 350.000 extranjeros trabajan temporalmente cada año en el sector agrícola italiano. La ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, admitió que este año faltarán «entre 250.000 y 270.000» jornaleros.
No a los migrantes
El fenómeno ha generado una crisis «dramática» en el sector, reconoce Coldiretti, que calcula que el 27% de los días laborables son trabajados por extranjeros.
«Hay que intervenir urgentemente porque peligran las cosechas de fresas, espárragos, alcachofas, melón, tomates, pimientos y otros más como cerezas, albaricoques y ciruelas», subrayó la asociación agrícola.
El desafío es significativo, incluso para la autosuficiencia alimentaria. Italia es el tercer productor agrícola europeo en términos de valor (56.600 millones de euros en 2019), después de Francia (75.400 millones) y muy cerca a Alemania (57.000 millones).
Muchos de esos jornaleros son extranjeros que no pueden entrar al país debido a las medidas por el coronavirus. La disposición afecta en particular a los trabajadores de Rumania, cerca de 110.000.
Las autoridades italianas han comenzado a negociar con la embajada de ese país para organizar «corredores verdes», una especie de salvoconducto para los temporeros con contrato, a los que les garantizan además la máxima seguridad sanitaria.
La ministra de Agricultura propuso también la regularización masiva de los inmigrantes ilegales en Italia, mano de obra considerada indispensable para reactivar la economía paralizada por el cierre total del país.
Esa regularización afectaría sobre todo al sector agrícola, donde las mafias locales dominan gracias al sistema de «caporalato», una forma moderna de vasallaje con el que se recluta ilegalmente a trabajadores gracias a intermediarios que perciben un soborno por ese servicio y se quedan con buena parte del escaso salario que el jornalero recibe.
La propuesta de la ministra fue rechazada de plano por la ultraderechista y xenófoba Liga de Matteo Salvini, mientras Coldiretti es favorable.
Ante la escasez de trabajadores Coldiretti creó una plataforma llamada «Jobincountry» (Empleo en el campo), con un llamamiento a los estudiantes y trabajadores temporales del sector turístico parados por el cierre de hoteles y restaurantes.
Por el momento, el gobierno respondió con un fondo de 100 millones de euros para apoyar a las empresas agrícolas, al que se agrega otro de 50 millones para la compra y distribución de productos alimenticios para los más pobres.
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