Los agentes de la Patrulla Fronteriza acuchillan, pisotean, patean, vacían y confiscan las botellas de agua que los voluntarios de ayuda humanitaria dejan a lo largo de las rutas que utilizan los migrantes en Arizona
Un promedio de 400 personas que intentan entrar a Estados Unidos a través del desierto de Arizona mueren anualmente. Desde 2016, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha registrado el deceso de al menos mil migrantes que han intentado cruzar la zona más árida de la frontera con México.
No por casualidad se conoce a ese paso fronterizo como “el gran cementerio de migrantes”, una situación alarmante que ha generado que activistas, movimientos sociales y religiosos sumen voluntades para tratar de impedir que las personas que arriesgan sus vidas la pierdan definitivamente, producto de las extremas condiciones que deben enfrentar.
En ese paso desértico no hay agua, es la primera razón por la que los migrantes terminan muertos y sus cuerpos quedan exhibidos a la intemperie como prueba de ello. Las osamentas han sido retratadas en innumerables ocasiones y algunas personas se dedican a darles “cristiana sepultura”, como un acto que trata de reivindicar su lucha y dar descanso a sus almas.
“El aumento en las muertes resulta especialmente preocupante porque los datos disponibles indican que han sido menos los migrantes que ingresaron a Estados Unidos a través de su frontera con México”, sostuvo Frank Laczko, director del Centro de Análisis de Datos de la OIM, el cual recopila los datos para el Proyecto Migrantes Desaparecidos.
Pero, de acuerdo con las leyes estadounidenses, ayudar a una persona a salvar su vida -sobre todo si se trata de un inmigrante que camina por el desierto de Arizona donde las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados centígrados- puede ser castigado hasta con 20 años de cárcel.
Ese es el caso de Scott Warren Daniels, un activista de la ONG “No more deaths” (No más muertes), quien se encuentra preso desde 2018 por haber ayudado con agua, comida, camas y rompa limpia, a un grupo de inmigrantes que estaban a punto de morir en una zona conocida como el “corredor de Ajo”, en Arizona.
Warren enfrenta en este momento un juicio que lo puede llevar a perder su libertad por al menos dos décadas. Sus abogados alegan que la motivación que tuvo para ayudar a los inmigrantes son –especialmente- sus fuertes convicciones religiosas.
Por su parte, la ONG que integra Warren explica que su vocación también obedece a intentar frenar las decenas de personas que mueren cada año por deshidratación al intentar llegar a suelo estadounidense, siendo perseguidos, vigilados y presionados por el Gobierno norteamericano.
Contrariamente, la Fiscalía federal estadounidense no ve a Warren como un benefactor sino como un delincuente que “encubre” y “conspira” para el “tráfico de personas”.
«Cualquier persona que se acerque a la orilla del puente para brindar agua y hospitalidad, hay un observatorio criminal que detecta inmediatamente quiénes están con los migrantes. Es toda una historia de complicidad criminal inventada por la misma patrulla de fronteras», explica Pedro Pantoja, citado en Diario Público, un sacerdote que responsabiliza de esta crisis migratoria a Donald Trump y que recibe diariamente a más de 200 inmigrantes centroamericanos que huyen de la pobreza y el hambre en sus países, sobre todo de Honduras, El Salvador, Guatemala y México.
De jaulas para niños a cárcel por salvar vidas
El Gobierno de Donald Trump vivió uno de sus peores escándalos en 2018 cuando decidió, literalmente, enjaular a niños de inmigrantes que eran capturados y enviados a su país de origen. Las imágenes de los pequeños en celdas y sin sus padres dieron la vuelta al mundo.
Ese apenas fue un ápice de las políticas antimigrantes que ejecuta la administración Trump, una pequeña letra detrás de la construcción de muro en la frontera con México y la decisión de extraditar a los inmigrantes que ya viven en suelo estadounidense, sin importar dejar a sus hijos huérfanos con sus padres vivos en otro país.
Ahora, la práctica de Trump es encarcelar a quien ayude a evitar que una persona muera por falta de agua en el desierto. La crueldad no tiene límites cuando se trata de discriminación.
Warren tiene ahora 36 años, es profesor de geografía y colabora en la mencionada ONG. Vive en Ajo, Arizona, una localidad rodeada ubicada en pleno desierto, pegada a la frontera con México, donde cada año mueren decenas de personas a causa de las altas temperaturas y la deshidratación que sufren en su travesía.
Si finalmente resultara condenado, saldría de prisión a los 56 años, perdería 20 años de su vida sólo por ayudar a salvar la de otros.
Persecución contra Warren es por la publicación de un informe
Un artículo publicado en Democracy Now hace mención al caso de Warren y pone en evidencia la doble moral del presidente Trump, quien declaró en el Desayuno de Oración Nacional de este año (2019) lo siguiente: “Todas las vidas son sagradas y toda alma es un preciado regalo del cielo”.
“Tamaño gesto cristiano por parte de Trump resultaría cómico si no fuera por sus políticas tan crueles y, a menudo, letales. Un ejemplo son los solicitantes de asilo que cruzan la frontera sur. Cientos de miles de personas huyen de la violencia en Honduras, Guatemala, El Salvador y México«, explica el referido portal estadounidense.
«La presencia cada vez más violenta y militarizada de las fuerzas de seguridad en la frontera ha conducido a los desesperados migrantes a aventurarse más allá de los pasos fronterizos oficiales, obligando a muchos de ellos a embarcarse en peligrosas travesías por los sofocantes desiertos del suroeste de Estados Unidos. Un geógrafo y educador llamado Scott Warren, que trabaja como voluntario en los grupos de ayuda humanitaria “No más muertes” y “Samaritanos de Ajo”, está siendo juzgado por un tribunal federal en Tucson, Arizona. Si se lo declara culpable, podría pasar 20 años en prisión por brindarles a los migrantes, según el propio texto de la acusación, “comida, agua, camas y ropa limpia”, agrega Democracy Now.
El miércoles, antes de dirigirse al tribunal para afrontar el primer día del juicio, Warren concedió una entrevista a Democracy Now: “Todos los días, en la región fronteriza, migrantes, refugiados, personas que cruzan la frontera o que vienen del desierto y corren el riesgo de morir, golpean las puertas de la gente. Necesitan agua, necesitan alimentos, necesitan atención médica básica y necesidades básicas. Y la gente a lo largo de la región fronteriza sigue respondiendo, ofreciéndoles un vaso de agua a estas personas, ofreciéndoles algo de descanso y algo de comida. Y, francamente, no veo que eso vaya a cambiar”.
En la mañana del 17 de enero de 2018, la ONG “No más muertes” publicó un informe y un video en el que denunciaba la interferencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en la entrega de ayuda humanitaria.
El informe especificó: “En el desierto que rodea la frontera entre Arizona y México, donde miles de personas mueren por deshidratación y enfermedades relacionadas con el calor, los agentes de la Patrulla Fronteriza están destruyendo litros de agua destinados a los migrantes. Los agentes de la Patrulla Fronteriza acuchillan, pisotean, patean, vacían y confiscan las botellas de agua que los voluntarios de ayuda humanitaria dejan a lo largo de las rutas que utilizan los migrantes en el desierto de Arizona. Estas acciones condenan a quienes cruzan las fronteras al sufrimiento, la muerte y la desaparición”.
Los videos de agentes fronterizos vaciando bidones con litros de agua se volvieron virales. Se establecen frente al puesto conocido como “El granero”, un lugar cerca de Ajo, Arizona, a 65 kilómetros de la frontera, donde los voluntarios se reúnen y ocasionalmente llegan inmigrantes en busca de ayuda. Dos hombres migrantes fueron detenidos allí, y Scott Warren fue arrestado: “El informe fue publicado esa mañana; los agentes establecieron un puesto de vigilancia alrededor de ‘El granero’ esa tarde y me arrestaron esa noche”, denuncian.
Catherine Gaffney también es voluntaria de “No más muertes” y sostiene que más de 7.000 muertes de migrantes han sido registradas en la región fronteriza en los últimos 20 años, pero, según ella, la cifra se queda corta.
En una entrevista para Democracy Now, Gaffney señaló: “No solo existe la supresión del derecho de las personas a recibir alimentos, agua y atención médica, sino también del derecho a brindar alimentos, agua y atención médica. Es realmente sorprendente que persigan el trabajo de ayuda humanitaria en el área de Ajo, porque muchas de las muertes que se están reportando son halladas por los voluntarios de ayuda humanitaria”.
“El hecho de que ahora estén intentando reprimir a los trabajadores humanitarios que van al desierto es pavoroso, y sugiere realmente que no solo se dejará morir a la gente, sino que esas muertes no serán descubiertas y el verdadero alcance de esta crisis no será registrado”, concluye Gaffney.
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