La organización WikiLeaks confirmó este miércoles que al fundador de esa plataforma, Julian Assange, lo trasladaron a la sala de salud de la prisión británica de Belmarsh.
En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, manifestaron «serias preocupaciones» sobre el estado de salud del editor del portal de filtraciones y cuestionaron el trato que le ha dado Reino Unido desde su detención el pasado 11 de abril.
«Ha perdido peso de manera dramática. La decisión de trasladarlo al área de salud habla por sí misma», advirtieron.
Asimismo, recordaron que la salud de Assange ya se había «deteriorado significativamente» durante los casi siete años que pasó dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, desde junio de 2012, y empeoró durante las siete semanas que pasó en Belmarsh, reseñó el portal Actualidad RT.
Aunque Per E. Samuelson, abogado en Suecia del australiano, pidió a la justicia sueca aplazar la vista del caso pautada para el lunes, por los problemas de salud de Assange, la solicitud fue rechazada y como se tenía previsto ese día tratarán la orden de detención que pesa sobre él por una supuesta violación.
El fundador de WikiLeaks permanece en la prisión de Belmarsh, ubicada al sudeste de Londres, en espera de una posible extradición a Estados Unidos y después de que la Corte de la Corona de Southwark le impusiera una condena de 50 semanas de cárcel por presuntas violaciones de los términos de libertad condicional que cometió tras asilarse en la sede diplomática.
La prisión en la que se encuentra el activista se considera una de las más peligrosas y superpobladas de Reino Unido, refirió Hispantv.
El pasado 13 de mayo, Assange envió una carta al periodista independiente británico Gordon Dimmack y en ella denunció que se le ha imposibilitado de ejercer su defensa en prisión ante los intentos de EE. UU. de conseguir su extradición y posiblemente su muerte.
«Estoy indefenso y cuento con usted y con otras personas de buen carácter para que salven mi vida (…) Todos los demás deben tomar mi lugar», escribió a mano.
La estrategia de EE. UU. contra el australiano se confirmó 10 días después, el 23 de mayo, cuando la administración de Donald Trump le imputó 17 nuevos cargos que incluyen, entre otros, la violación de la Ley de Espionaje, por lo que podría enfrentar hasta 175 años en prisión en caso de ser extraditado.
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